Jesús Utrilla – NV Noticias
Las cámaras de vigilancia son usadas como una estrategia tecnológica de grupos criminales para vigilar su entorno y proteger sus operaciones. Jeremías Zúñiga Mezano, presidente de Comunidades Seguras en Veracruz, explicó que este sistema es usado para complementar el uso tradicional de “halcones”, personas encargadas de espiar, ya que las cámaras ofrecen una vigilancia constante y discreta.
Zúñiga Mezano explicó que estos dispositivos suelen instalarse en puntos estratégicos para monitorear el ingreso y movimiento de personas en las localidades. También se emplean para observar los rondines de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina.
“Las cámaras las utilizan para controlar su territorio, ya sea en colonias o municipios enteros, y también para vigilar posibles ataques de otros grupos criminales”, indicó.
El uso de estos aparatos en espacios públicos no solo constituye un riesgo para la seguridad, sino que también viola leyes mexicanas relacionadas con la privacidad.
Las cámaras se instalan utilizando infraestructura pública o privada, como postes de empresas de telecomunicaciones. Esto no solo implica una violación a la normatividad, sino también una falta de supervisión por parte de las autoridades municipales.
Existe una normatividad para regular la instalación de cámaras en espacios públicos, pero esta no se aplica adecuadamente. Además, la falta de una cultura de privacidad en el país dificulta regular cámaras instaladas en viviendas particulares que apuntan hacia la vía pública.
“En México está prohibido grabar hacia la calle, pero el problema es que no se aplica la ley. No cualquiera puede poner una cámara apuntando hacia la calle. En otros países como Alemania, Finlandia o Italia, esto está estrictamente regulado, y en México también hay leyes que lo prohíben, pero no se aplican”.
El presidente de Comunidades Seguras dijo que únicamente las cámaras autorizadas por el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo y Calidad (C5) deben operar en la infraestructura urbana. Estas son las únicas que cuentan con respaldo legal y cumplen con los protocolos necesarios para proteger la privacidad de los ciudadanos.
