Edgard González Suárez
Los poderes que tenían secuestrado al poder judicial de la era del neoliberalismo fueron derrotados. Una Corte negociada a modo entre el PRI y el PAN durante más de 30 años confirmó lo que todos intuíamos, que el poder judicial ni era independiente, ni era neutral, ni era un poder. Si no todo lo contrario, que estaba al servicio de los intereses empresariales nacionales y extranjeros, más abyectos y expoliadores, las mineras, la energía eléctrica y petrolera, las inmobiliarias, las depredadoras de playas, bosques y selvas y no podían faltar los narco-poderes, que controlan las correas municipales, estatales y parlamentarias tanto del PAN como del PRI.
La resistencia a los cambios constitucionales se encerró en el poder judicial y desde ahí pretendió contener y derribar cualquier intento de reforma o transformación del Régimen neoliberal. La corte del viejo régimen actualmente está integrada así: Norma Lucía Piña (propuesta por el Presidente Enrique Peña Nieto); José Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (propuestos por eñ Presidente Calderón) Ana Margarita Ríos Farjat (propuesta por Andrés Manuel López Obrador, pero ligada al sector empresarial), Javier Laynez Potisek (propuesto por el PRI) Alberto Pérez Dayan (propuesto por el PAN), Luis María Aguilar (Propuesto por el presidente Calderón y ratificado por el senado), José Luis González Acantara y Carrancá (propuesto por el partido Acción Nacional), Loreta Ortíz Ahlf (propuesta por López Obrador); Lenia Batres Guadarrama (designada por López Obrador y Jasmín Esquivel Mossa (propuesta por López Obrador).
De esta manera, lo que debemos insistir en aclara a la ciudadanía es que la batalla dentro del poder judicial fue una batalla ideológica y política, y la confrontación implicó, por un lado, la total y abierta confrontación política dentro de la corte, y la inevitable exposición de sus intereses y valoraciones ideológicas.
Quiero aclarar, que independientemente de esas filiaciones, los ministros, jueces y magistrados se deben a la ley, y en esta confrontación, para los ministros conservadores y neoliberales, la ley quedó en segundo plano, e insistieron en hacer prevalecer sus ideologías por encima de la ley, y sobre todo, de la Ley suprema, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Como dije en mis participaciones pasadas la oposición conservadora y neoliberal amagó con una crisis constitucional logró ensanchar las diferencias políticas y jurídicas entre la oposición y morena, y creyendo tener la razón jurídica intentaron amedrentar y provocar al gobierno para salir victoriosos de esta lucha tan intensa que se desató después del triunfo impecable de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, aun y en contra de la multimillonaria campaña de medios y la exposición pública de jueces, trabajadores del poder judicial, magistrados y ministros, el poder judicial se encontró frente a una pared, frente a un dique, frente a la alianza popular ganadora, frente a la alianza del poder ejecutivo y el legislativo. Pero, sobre todo, sin la razón jurídica a la que debieron atender en primera y máxima instancia para normar su criterio y tomar decisiones conforma a derecho.
Hubo varias evidencias que mostraban que sería en el terreno de la política donde se desarrollaría el desenlace de esta pugna. Las evidencias más notorias, de la derrota del conservadurismo- las podemos observar en la retirada del PAN de los debates y de la conformación de las comisiones que seleccionarán y evaluarán a los aspirantes; la salida de Marco Cortés del país, para mostrar su desacuerdo con la probable decisión en contra; La negativa de los poderes ejecutivo y legislativo de acatar cualquier resolución que viole el principio de inatacabilidad de la Constitución; la petición rogada de los lideres de partido a los ministros para que no pospusieran la fecha de la resolución; la vehemente y cuasi amenazadora posición del PRI en contra de los ministros de la Suprema Corte -llamándoles traidores a aquellos que no votaran o votaran contra el dictamen de González Alcántara; la declaración pública del presidente del PRI sobre la inminencia de una traición y un traidor en la corte; el paso por el poder legislativo constituyente de la nueva ley de supremacía constitucional e impugnabilidad de la Constitución; la locura y desesperación del presidente del PRI, quien hace una escena a gritos al Presidente de la mesa directiva en el senado; el forzamiento, en medios de comunicación, de la idea de una “peligrosa” crisis constitucional si no se obedece a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la negativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum de proceder vía juicios políticos contra jueces, ministros o magistrados en rebeldía; la amenaza directa de José Ramón Cossío de destituir a Sheinbaum sino acataba el fallo de la corte.
Perdieron la batalla, hicieron todo lo que políticamente pudieron, quedaron exhibidos, ante los ojos de la población no son unos héroes, sino unos villanos, deslegitimados por su corrupción y servilismo a los intereses más abyectos y contrarios al interés nacional y popular.
Ahora lo que viene será la elección de las personas juzgadoras en el país, los primeros se renovarán en 2025, la Corte seguirá haciendo de dique, aunque cada vez con menos fuerza, Luis María Aguilar dejará el cargo de ministro en unos cuantos días, y lo que queda en la mesa para el gobierno es salir exitoso de las primeras elecciones de los miembros del poder judicial-
Como suelo decir, en política, la rueda siempre sigue girando, y esto no acaba aquí.
