Moisés Hernández Yoldi
En un paso que promete generar amplio debate, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha anunciado una serie de reformas para combatir la corrupción y desmantelar los privilegios ilegítimos que han permeado a diversos sectores. Entre estos, el gremio notarial en los estados se ha convertido en uno de los principales objetivos de su administración.
La medida busca poner fin a la entrega de patentes notariales como favores políticos, una práctica común que ha perpetuado inequidades y ha blindado a ciertos grupos de poder en las entidades federativas.
Aunque la reforma parece alinearse con la política anticorrupción que ha caracterizado al proyecto de la Cuarta Transformación, el tema ha generado controversias y planteado preguntas sobre sus alcances y posibles consecuencias.
El problema: notarios a la sombra del poder político
El otorgamiento de patentes notariales ha sido, por décadas, un instrumento político en manos de los gobernadores de los estados. Bajo este esquema, los mandatarios en turno han otorgado dichas patentes a figuras cercanas o como pago de favores, consolidando redes de influencia y poder que, más allá de su función jurídica, han representado un privilegio inalcanzable para la mayoría de los profesionales del derecho.
El investigador y abogado Carlos Pérez Ricart, en recientes declaraciones, señaló que el problema con el gremio notarial en México no es su existencia, sino su operación basada en redes de clientelismo. “La función notarial debería ser un servicio público esencial para garantizar la legalidad de los actos jurídicos.
Sin embargo, en muchos estados ha sido capturada por élites políticas, lo que genera privilegios y perpetúa la desigualdad en el acceso a la función”, comenta Pérez Ricart.
La presidenta electa ha dejado en claro que su intención es eliminar esos privilegios injustificados, y devolver al notariado su vocación de servicio público, basado en el mérito y la transparencia. Sin embargo, este esfuerzo no está exento de desafíos.
La propuesta de reforma: democratización o centralización
La propuesta de Sheinbaum ha sido vista por algunos como un intento de democratizar el acceso al gremio notarial, abriendo la posibilidad de que jóvenes abogados y profesionales sin conexiones políticas accedan a una patente.
No obstante, hay quienes temen que la reforma se quede en el terreno de la retórica, o peor aún, que derive en una mayor centralización del poder, concentrando el control de las patentes en manos del gobierno federal, sin resolver los problemas de fondo.
Para Blanca Heredia, experta en derecho y administración pública, el verdadero desafío radica en la implementación de esta reforma. “Una reforma al sistema notarial no puede quedarse en la eliminación de los privilegios. Es necesario construir un nuevo sistema de acceso a las patentes que sea totalmente transparente, basado en criterios estrictamente meritocráticos y no políticos”, afirma Heredia.
Si no se cuida este aspecto, advierte, el riesgo es que la reforma no sólo no solucione el problema, sino que termine replicando el mismo patrón de favores políticos, pero bajo una nueva administración.
Los riesgos de la politización del notariado
Uno de los mayores peligros de esta reforma es que, en lugar de despolitizar el gremio notarial, se politice aún más bajo el discurso de combatir la corrupción. Gibrán Ramírez, politólogo y exasesor legislativo, ha señalado en entrevistas recientes que las reformas anticorrupción a menudo corren el riesgo de convertirse en armas políticas.
“El notariado es una institución que juega un papel crucial en la seguridad jurídica del país. Si se convierte en un campo de batalla político, podríamos ver un debilitamiento de la confianza en estas figuras y en la certeza legal de los actos que certifican”, comenta Ramírez. Esto, en un país donde el Estado de Derecho aún enfrenta serios desafíos, podría tener consecuencias graves para la estabilidad institucional.
Reacciones del gremio notarial y del Poder Judicial
Las reformas anunciadas han encendido alarmas dentro del gremio notarial. Diversos colegios de notarios en todo el país han expresado su preocupación ante la posibilidad de que las patentes ya otorgadas sean revisadas o revocadas, y han pedido que el proceso de reforma incluya a los actores involucrados, para garantizar que no se atente contra los derechos adquiridos de quienes ya ocupan una posición dentro del gremio.
Por su parte, organismos como la Asociación Nacional del Notariado Mexicano (ANNM) han solicitado que se tomen en cuenta las diferencias entre los estados en cuanto a la regulación de los notarios. “Es fundamental que cualquier reforma considere los matices locales y no aplique una medida uniforme para todo el país”, señaló en un comunicado la ANNM.
Esto sugiere que una reforma de esta magnitud debe ser cuidadosamente diseñada para evitar afectaciones a la estabilidad del sistema notarial en su conjunto.
El Poder Judicial, otro actor relevante en este escenario, ha manifestado su disposición a colaborar en el proceso, pero ha advertido que la independencia del gremio notarial es crucial para la correcta impartición de justicia.
“La función notarial no debe ser una extensión del poder político, pero tampoco puede estar subordinada a intereses que no sean estrictamente legales y profesionales”, dijo en una reciente conferencia el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz.
¿Un cambio real o una reforma cosmética?
A pesar de la retórica anticorrupción, la pregunta que muchos se hacen es si esta reforma realmente logrará un cambio de fondo o si será simplemente una medida cosmética que perpetúe las mismas dinámicas de poder, bajo una nueva estructura.
Javier Tello, analista político, es uno de los que se muestra escéptico. “El problema con muchas de las reformas de la Cuarta Transformación es que atacan los síntomas, pero no las causas de fondo. Si el objetivo es desmantelar los privilegios del gremio notarial, la solución no es solo quitarle poder a los gobernadores, sino crear un sistema de acceso verdaderamente democrático y basado en méritos. De lo contrario, simplemente estamos cambiando de manos el control del poder”, advierte.
Conclusión
La reforma al gremio notarial anunciada por Claudia Sheinbaum promete ser uno de los temas más controversiales de su administración. Mientras que la intención de eliminar los privilegios políticos en la asignación de patentes parece un objetivo loable, los riesgos de una politización mayor o de un control excesivo por parte del gobierno federal están presentes.
La clave estará en cómo se diseñe e implemente esta reforma, y si realmente logrará democratizar el acceso al notariado o si simplemente será una reorganización del poder.
Los expertos coinciden en que una verdadera transformación debe ir más allá del discurso y las buenas intenciones, requiriendo un compromiso firme con la transparencia, la legalidad y la meritocracia.
