Moisés Hernández Yoldi
La reciente iniciativa presentada por Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, que propone la posibilidad de expropiar propiedades privadas por “interés público”, ha suscitado una serie de preocupaciones en torno a los derechos de propiedad privada y el potencial deslizamiento hacia un modelo económico de corte socialista.
Esta medida, que podría tener implicaciones significativas para el régimen de propiedad en México, ha encendido alarmas tanto en círculos nacionales como internacionales.
Riesgos a la Propiedad Privada
El derecho a la propiedad privada es uno de los pilares fundamentales de una economía de libre mercado. La posibilidad de que el gobierno tenga la facultad de expropiar propiedades bajo el argumento del “interés público” sin claras y estrictas limitaciones plantea un grave riesgo.
En sistemas donde la expropiación se ha vuelto una práctica común, los derechos de los ciudadanos sobre sus bienes han sido erosionados, generando inseguridad jurídica y desincentivando la inversión.
La historia ofrece numerosos ejemplos de cómo la flexibilización en las leyes de expropiación puede llevar a abusos de poder. Un caso emblemático es Venezuela, donde el gobierno de Hugo Chávez utilizó ampliamente la expropiación para nacionalizar sectores estratégicos y redistribuir tierras.
Aunque se justificaron estas acciones bajo el manto del “interés social”, las consecuencias fueron devastadoras para la economía del país, generando desincentivos para la inversión extranjera y local, y contribuyendo al colapso de la economía venezolana.
Adopción de un Modelo Socialista
La propuesta de Batres, aunque presentada en un contexto local, no puede ser ignorada como un potencial paso hacia la adopción de un modelo económico de corte socialista en México.
Las políticas que facilitan la expropiación pueden ser vistas como un intento de concentrar el control de la propiedad en manos del Estado, una característica clave de los regímenes socialistas.
Experiencias internacionales muestran que este tipo de políticas suelen conducir a un debilitamiento del sector privado. En países como Cuba y la extinta Unión Soviética, la propiedad privada fue suprimida casi en su totalidad bajo el argumento de un “bien común”, lo que resultó en economías estancadas y una profunda falta de innovación.
La libre empresa y la competencia, motores esenciales del crecimiento económico en economías de mercado, fueron prácticamente eliminados, con consecuencias desastrosas para el bienestar de sus ciudadanos.
Impacto en el Modelo Económico de Libre Mercado
El libre mercado se basa en la confianza de que los derechos de propiedad serán respetados y protegidos por el Estado. Cuando se socava este principio, las consecuencias son inmediatas: los inversionistas pierden confianza, el capital huye, y la economía se ralentiza.
Según un informe del Banco Mundial, la seguridad jurídica y la protección de los derechos de propiedad son fundamentales para el desarrollo económico, ya que proporcionan un marco estable en el que las empresas pueden operar y crecer.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha advertido sobre los riesgos de políticas que debiliten los derechos de propiedad. En un análisis reciente, el FMI señaló que “los países que no respetan los derechos de propiedad suelen enfrentar mayores desafíos económicos, incluido un menor crecimiento y mayores niveles de pobreza”.
Además, organizaciones como la OCDE han subrayado que la protección de la propiedad privada es esencial para atraer inversión extranjera directa, un componente clave para el desarrollo de las economías emergentes como la de México.
La iniciativa de Martí Batres, si bien puede estar motivada por preocupaciones legítimas sobre el desarrollo urbano y la justicia social, entra en un terreno peligroso al permitir la expropiación de propiedad privada bajo criterios amplios y potencialmente arbitrarios.
La historia y la experiencia internacional nos enseñan que este tipo de políticas, lejos de fomentar el desarrollo, pueden conducir a la inseguridad jurídica, la fuga de capitales y, en última instancia, al estancamiento económico.
México debe proceder con cautela, asegurando que cualquier reforma respete los derechos fundamentales de propiedad y no comprometa su modelo de libre mercado.
