Moisés Hernández Yoldi
En las últimas semanas, México ha sido testigo de un enfrentamiento sin precedentes entre dos de los poderes que conforman la República: el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Esta pugna se centra en la reforma que el Congreso pretende aprobar para reestructurar al Poder Judicial, una medida que ha sido vista por muchos como un intento de minar la independencia judicial y consolidar el control político sobre la justicia en el país.
En respuesta, el Poder Judicial ha emitido amparos para frenar la votación de esta iniciativa, lo que ha desatado una crisis constitucional que amenaza con desestabilizar el Estado de derecho y la democracia en México.
La Propuesta de Reforma y la Respuesta del Poder Judicial
La iniciativa de reforma al Poder Judicial, presentada por el presidente López Obrador y respaldada por los legisladores de su partido y aliados, busca, entre otras cosas, la reestructuración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la modificación de los mecanismos de nombramiento de jueces y magistrados.
Según sus promotores, la reforma tiene como objetivo combatir la corrupción y mejorar la eficiencia del sistema judicial. Sin embargo, críticos de la medida, incluidos diversos juristas y organizaciones de derechos humanos, advierten que la reforma podría poner en riesgo la independencia del Poder Judicial y convertirlo en un instrumento del poder político.
El Poder Judicial, a través de varios jueces y magistrados, ha reaccionado con la emisión de amparos para detener el proceso legislativo. Estos amparos argumentan que la reforma, tal como está planteada, viola principios constitucionales fundamentales, como la división de poderes y la independencia judicial.
De acuerdo con el Artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial” y estos “no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación”.
Los jueces que han emitido los amparos sostienen que la reforma del Congreso amenaza con diluir esta separación al otorgar al Legislativo y al Ejecutivo mayor influencia sobre la administración de justicia.
Riesgos para la República y el Estado de Derecho
El conflicto entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial plantea serios riesgos para la estabilidad institucional en México. La confrontación abierta entre dos de los tres poderes que sustentan la República podría llevar a una parálisis constitucional, donde ni las leyes ni las decisiones judiciales serían acatadas, lo que socavaría gravemente el Estado de derecho.
1. Peligro para la Democracia y el Estado de Derecho: La democracia mexicana se basa en un sistema de pesos y contrapesos que impide la concentración de poder en una sola instancia.
Si uno de estos poderes logra imponerse sobre otro, especialmente mediante reformas que limiten la independencia judicial, se podría dar un paso hacia un régimen autoritario.
Esto también podría erosionar la confianza pública en las instituciones, algo fundamental para el funcionamiento de una democracia.
2. Crisis Institucional: El enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Legislativo podría llevar a un estancamiento institucional, donde las decisiones del Congreso y las resoluciones judiciales se anulen mutuamente.
En el peor de los casos, esto podría derivar en un gobierno de facto, donde las leyes y la justicia ya no sean respetadas ni aplicadas, abriendo la puerta a la anarquía.
3. Efecto Dominó en las Instituciones: Un choque entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial podría tener efectos devastadores en otras instituciones del país, incluyendo el Poder Ejecutivo. Este tipo de conflicto podría inspirar a otros actores políticos a desafiar la autoridad de las instituciones, lo que podría resultar en un debilitamiento generalizado del orden constitucional.
Opiniones de Expertos y Organismos Internacionales
Diversos expertos en derecho constitucional han expresado su preocupación por el enfrentamiento entre el Legislativo y el Judicial. Diego Valadés, un destacado constitucionalista y exministro de la Suprema Corte de Justicia, ha señalado que “la independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental de cualquier democracia, y cualquier intento de debilitarla debe ser visto con extrema preocupación”.
Valadés advierte que si se aprueba una reforma que socave esta independencia, “México podría estar caminando hacia un sistema político de concentración de poder, lo cual sería una regresión democrática”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho un llamado al gobierno mexicano a respetar la independencia judicial, destacando que “la autonomía de los jueces es esencial para garantizar el derecho de acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos”.
La CIDH también ha expresado su preocupación por el uso de mecanismos legislativos para debilitar el Poder Judicial, señalando que esto podría constituir una violación a los principios democráticos consagrados en la Carta Democrática Interamericana.
Conclusión
La crisis institucional que enfrenta México, con el enfrentamiento entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, es un momento crucial para el futuro del país. La resolución de este conflicto determinará no solo la estructura de poder en México, sino también la solidez de su democracia y su Estado de derecho.
Si bien la reforma del sistema judicial es una necesidad innegable, cualquier cambio debe ser cuidadosamente considerado y debatido para asegurar que no se socaven las bases democráticas del país.
La independencia del Poder Judicial no es un lujo, sino una necesidad para garantizar que la justicia se administre de manera imparcial y sin interferencias indebidas.
En este contexto, el papel de la sociedad civil, la academia y los organismos internacionales será crucial para asegurar que cualquier reforma respete los principios constitucionales y fortalezca, en lugar de debilitar, la democracia en México.
