Ricardo Homs
El voto libre y secreto es el corazón de nuestra democracia porque garantiza el respeto a la voluntad ciudadana. El voto libre y secreto está garantizado por nuestra Constitución.
“El sufragio activo debe ser universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible”, se estipula en la fracción primera, párrafo segundo, del artículo 41de nuestra Constitución, así como el artículo 4.2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE.
Sin embargo, en estas próximas elecciones del 02 de junio el voto libre y secreto está en grave peligro, porque hay indicios que nos alertan de que el voto podría llegar a estar coaccionado por dos sectores: el crimen organizado y el partido en el poder, cuyo gobierno, -ejerciendo el inmenso presupuesto del que hoy dispone para programas de “bienestar social”-, podría amedrentar a los beneficiarios de la seguridad social, para obtener el voto a su favor.
Cuando se instituyó el “voto libre y secreto” no existían los teléfonos celulares, -y menos aún-, que estos dispositivos tuviesen integrada una cámara fotográfica. En contraste, hoy la extorsión para dirigir el voto hacia un partido o candidato, se hace exigiendo a la víctima que después de llenar la boleta tome una foto de la papeleta que dejó en la urna y la envíe a un WhatsApp predeterminado, para comprobar que se siguieron las instrucciones.
Por esto es urgente que, -para salvaguardar el derecho constitucional al voto libre y secreto-, la SCJN atraiga este planteamiento y se instruya al INE para que exija al Poder Ejecutivo la instrumentación de un operativo realizado por la fuerza pública, para que se recojan celulares mientras el votante está frente a la urna y exista un castigo ejemplar, -no administrativo-, para quienes infrinjan esta disposición, pues cuando el voto cae en la urna, ya es difícil identificarlo.
La instrumentación de un operativo de este tipo en las casillas no podría delegarse en las autoridades electorales ni en ninguna autoridad civil, pues estas carecerán de la fortaleza para imponerse ante quienes se nieguen violentamente a acatar esta disposición.
La extorsión criminal operada a través del dispositivo móvil puede comprometer nuestra democracia y llevarnos hacia rumbos insospechados, donde ya no habrá regreso nunca más, pues este modelo de extorsión se convertiría en el ejercicio cotidiano en las elecciones futuras.
UN GOLPE DE ESTADO TÉCNICO
No debemos llegar a la próxima elección presidencial sin garantías de que se respetarán los resultados. La denuncia de un “golpe de estado técnico”, -más que una alerta que lanza el presidente López Obrador-, es una advertencia, -o amenaza-, que él siembra, de que no aceptaría una derrota electoral.
Esta frase victimizadora del presidente es el anuncio de una “elección de estado”.
Hoy más que nunca urge, -a la vista de todo México-, un convenio firmado por los tres candidatos presidenciales, por los partidos políticos, por el INE y el TRIFE, la titular del Poder Judicial, -y como testigo que avala este compromiso-, el mismo presidente de la república.
Este convenio debe dejar claro que todos los involucrados en la elección se comprometen a aceptar los resultados, -fueren los que fueren-, y de este modo, quien no lo quiera firmar, desde este momento se ponga en evidencia ante el pueblo de México.
OTRA VEZ LAS ENCUESTAS
La publicación de la última encuesta del periódico Reforma sobre la intención del voto, realizada con la participación de sólo 1,000 adultos con credencial de elector, -pero una tasa de rechazo del 47% de los posibles entrevistados-, a muchos nos genera suspicacias.
El eje de la credibilidad de las encuestas es la representatividad estadística. Sin embargo, deben cubrirse los protocolos universalmente aceptados para conformar la muestra representativa, o sea la integración del grupo de personas que serán entrevistadas y cuyas respuestas representarán a las que darían el resto de los ciudadanos que no fueron convocados.
Este requisito es difícil de cubrir hoy en México, pues hay zonas de nuestro país donde es imposible que los encuestadores entren a levantar la información, ya que hay territorios donde los cárteles impiden la entrada de fuereños. En otros casos simplemente el peligro y el temor impide a los encuestadores ingresar. De este modo, la exclusión de amplias regiones ya altera las leyes de la estadística.
Se habla también de que más del 47% de los entrevistados se negaron a participar de esta auscultación, como fue el caso de esta encuesta. Frente a ésto, la representatividad estadística genera bastantes dudas.
Con esa muestra, -mil entrevistas-, se pretenden proyectar las intenciones de un país que tiene más de 130 millones de habitantes y un padrón electoral compuesto por poquito más de cien millones de electores.
Sin embargo, la opinión de 1,000 mexicanos sí pudiese representar la opinión e intención de todo el padrón electoral siempre y cuando la selección y ubicación de esos mil mexicanos se hubiese realizado cubriendo los requisitos de una integración aleatoria, -como lo exige la estadística-, sustentada en la universalmente aceptada “ley de las probabilidades”, pero no cuando la selección se realiza a criterio de quienes realizan las entrevistas, o condicionada por las circunstancias imperantes en el proceso de levantamiento de la información.
Podríamos decir que estas cifras obtenidas con estas herramientas de investigación pueden constituir indicadores, pero no representan las cifras concretas de intención del voto. Quizá hoy existe una intención de voto encubierta, -que aún no se manifiesta-, pero que conoceremos hasta el día de la elección.
De modo general, – e interpretando a esta tendencia que campea por todo el país-, vemos que se están sobrevalorando las encuestas. Ante ésto podemos considerar que el manejo frívolo e irresponsable de las encuestas constituye un caso inequívoco de manipulación de
las expectativas del electorado, pues impacta el ánimo ciudadano e induce la percepción de que votar por alguno de los candidatos que no encabezan los resultados, es una causa perdida.
Las encuestas hoy ya se están convirtiendo en parte de las estrategias partidistas y no en un espejo de la realidad cotidiana.
LA INDIFERENCIA CIUDADANA
Circula información sobre la poca respuesta ciudadana en algunas zonas del país para participar como funcionarios de casilla el día de la elección.
No atender al llamado del INE no debiese ser opción. Sin embargo, está sucediendo.
En mi ciudad circula la información referente a un fraccionamiento de alta posición social donde sólo el 3% de los convocados dió respuesta positiva.
A partir de estos indicadores se empieza a perfilar la erosión de nuestra democracia. ¿Quién dará fe de que en las casillas se respetó el voto libre y secreto?
¿TODO ESTÁ BIEN?
La comisaria regional de la Guardia Civil en Pátzcuaro, Michoacán, además de dos de sus escoltas, -mujeres-, fueron decapitadas en una emboscada en la carretera Pátzcuaro-Uruapan. En cualquier parte del mundo ésto sería un escándalo, pero el presidente López Obrador ya lo ha decretado: “Todo México está feliz”… Dice que son los medios de comunicación los que magnifican el tema de la violencia para perjudicar a su gobierno.
Las historias propias del cine de terror, ahora en México son parte de la vida cotidiana… y aún así… ¿todo México está feliz?
LA JUSTICIA Y LA LEY
Debemos insistirle al presidente de la república, que la justicia, -cuando no está anclada en la ley que se deriva de nuestra Constitución-, es un espejismo populista, falaz y manipulable porque termina siendo un concepto subjetivo, interpretado sólo desde la perspectiva e intereses de quien ejerce poder.
La “justicia” subjetiva es una aberración jurídica porque responde a la voluntad del poderoso. Por ello los ciudadanos no debemos caer en el juego perverso de la dicotomía entre la justicia y la ley porque la verdadera justicia y la ley van de la mano.
Si hoy hay injusticias es porque quien tiene poder sigue ignorando la ley y aplica su justicia personal, igual que lo hace la delincuencia organizada.
En México tenemos un gran marco jurídico derivado de nuestra Constitución y lo que nunca hemos tenido es la voluntad política de quienes han gobernado, para imponer la aplicación irrestricta de la ley con “cero tolerancia” y por ello, hoy vivimos el resentimiento del ciudadano vulnerable, que ha acumulado agravios, lo cual está siendo capitalizado por la 4T.
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