El Consejo Legislativo de Hong Kong aprobó este martes el controvertido proyecto de ley de seguridad nacional, que entrará en vigor el próximo 23 de marzo, anunció el jefe Ejecutivo de la ciudad, John Lee.
El proceso legislativo concluyó hoy con una sesión del Parlamento de la ciudad en el que sus 89 legisladores aprobaron el proyecto, que busca cubrir las lagunas de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en junio de 2020 después de que la ciudad registrase multitudinarias protestas antigubernamentales en 2019.
La normativa, contenida en el llamado artículo 23 de la Ley Fundamental, ha suscitado preocupación en la Unión Europea y en países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, que han expresado su temor de que la nueva norma, sumada a la ley de seguridad nacional promulgada en Beijing, recorte aún más los derechos y libertades en Hong Kong.
Esta legislación se ha aprobado de forma acelerada en tan solo 11 días, el plazo más corto en el que se ha tramitado un proyecto de ley en la ciudad, a pesar de las voces críticas que han alertado de que puede conllevar grandes riesgos para las libertades civiles.
Sus críticos la consideran el último paso de una amplia represión política desencadenada por las protestas prodemocráticas de 2019.
El jefe de Seguridad hongkonés, Chris Tang, comparó la aprobación de la tercera lectura del proyecto de ley con la gestación de su bebé “recién nacido que, tras tantos abortos involuntarios, le produce sentimientos encontrados”.
Tang destacó los esfuerzos tanto del Gobierno como del Parlamento en la promoción de la nueva normativa, pero atribuyó su éxito principalmente “al reconocimiento por parte de los residentes de la importancia de salvaguardar la seguridad nacional”.
El artículo 23 de la Ley Fundamental exige que la ciudad promulgue sus propias leyes para prohibir cualquier acto de traición, secesión, sedición, subversión contra el Gobierno central o robo de secretos de Estado, impedir que organizaciones políticas extranjeras lleven a cabo actividades en la ciudad y vetar a grupos políticos locales que establezcan vínculos con sus homólogos extranjeros.
En la nueva legislación figuran crímenes que pueden acarrear una pena máxima de cadena perpetua, entre ellos la traición, insurrección, incitación a un miembro de las fuerzas armadas chinas a amotinarse, así como la connivencia con fuerzas externas para dañar o debilitar infraestructuras públicas con el fin de poner en peligro la seguridad nacional.
Fuente: El Universal
