Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó queEmilio Lozoya, exdirector de Pemex, no ha ganado ningún juicio y solamente ha obtenido privilegios procesales por parte del Poder Judicial Federal.
“Emilio `N´ no ha ganado ningún juicio y solamente ha obtenido privilegios procesales por parte del Poder Judicial Federal”, señaló frente al presidente López Obrador.
En el informe del gabinete de seguridad federal, el subsecretario reprochó que pese a que Lozoya Austin fue detenido en España después de haberse dado a la fuga por el escándalo Odebrecht el pasado 19 de febrero, el magistrado Contreras Navarro otorgó un amparo al exdirector de Pemex y concedido la prisión domiciliaria.Play Video
“Entre las medidas retomadas por el magistrado se encuentran la colocación de brazalete electrónico, prohibición de salir del país o de la Ciudad de México y zona conurbada y presentación periódica quincenal.
“A pesar de que Emilio `N´ fue aprendido en España, después de haberse dado a la fuga, el magistrado Contreras Navarro consideró que la solicitud de imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada no estaba debidamente fundada, con lo cual se violaba su derecho a certeza y seguridad jurídica”.
Además de este caso, en lo que se llamó una “trayectoria de privilegios judiciales” a Lozoya Austin, el subsecretario de la SSPC detalló otros beneficios que ha recibido por parte de jueces.
Señaló que el juez Gerardo Genaro Alarcón López lo benefició “indebidamente” excluyéndolo de su responsabilidad del pago por la reparación del daño en el caso de Agro Nitrogenados al alegar que dicho pago ya lo había hecho Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) “lo cual nada tiene que ver con la responsabilidad directa de Lozoya Austin.
También se acusó que la jueza Ana Lilia Osorno Arroyo declaró improcedente la acción de extinción de dominio promovida por la FGR en contra de Lozoya Austin por la adquisición de un inmueble de más de 38 millones de pesos de procedencia ilícita y ordenó levantar el aseguramiento del inmueble, pues consideró que no le aplicaba la nueva normatividad del año 2019 ya que la adquisición del inmueble se había realizado en 2012.
Fuente: El Universal 0
