Sam Ojeda / NV Noticias
Xalapa.- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez se sumó a las voces de 22 mandatarios del país contra el proyecto de declaratoria de inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En conferencia de prensa, García Jiménez pidió al Máximo Tribunal el hecho de reconsiderar dicha propuesta, dado que se trata de un decisión con impacto directo en la seguridad pública y gobernabilidad del país.
Dijo que atender los criterios de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en ese rubro vulneraría a la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Nos pronunciamos en calidad de Amicus Curiae, con absoluto respeto a la figura que representa la SCJN a efecto de que considere el principio de supremacía constitucional, atendiendo siempre a los derechos de las víctimas del delito, puesto que son ellas quienes resienten directamente las consecuencias de las conductas antisociales”, señaló.
Urgió a mantener el equilibro entre el respeto a los derechos humanos y el respecto a la soberanía y el ordenamiento jurídico interno.
Recordó que la figura de prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen para garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, además de proteger a las víctimas de los delitos y lograr la reparación de los daños causados por el delito.
“Solo en esas condiciones precisas el juez ordenaría la prisión de forma preventiva de forma oficiosa. De otorgársele preferencia a una norma de carácter internacional sobre el derecho interno se traduciría en afirmar que un tribunal contencioso del ámbito internacional tendría el alcance de inaplicada una norma de rango constitucional.
Dijo que dicha cuestión se refiere a los delitos de alto impacto y de repercusión social que en su momento fueron considerados como graves, y en donde el ministerio público puede solicitar al juez la prisión preventiva cuando el resto de las medidas cautelares no resulten suficientes para garantizar la comparecencia del imputado a juicio.
