Jesús Utrilla / NV Noticias
Edi Alberto Martínez Tejeda, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la zona Veracruz-Boca del Río, destacó la importancia de condiciones fiscales más favorables para los empresarios en medio de mejoras en las prestaciones de los trabajadores.
Martínez Tejeda expresó que, si bien los empresarios no se oponen a que los colaboradores gocen de mejores salarios, se necesita que el gobierno demuestre sensibilidad ante las cargas financieras que esto conlleva para las empresas.
Advirtió sobre la posibilidad de despidos en pequeños negocios como consecuencia del aumento al salario mínimo.
Afirmó que, aunque es beneficioso para la moral de los empleados, la inflación y la falta de apoyos e incentivos fiscales por parte del gobierno pueden afectar negativamente al sector empresarial.
“Es positivo que los colaboradores estén satisfechos, ya que esto crea un ambiente agradable en la empresa, pero también nos afecta debido a la inflación. El gobierno debe mostrar mayor sensibilidad para brindar apoyos e incentivos fiscales al sector empresarial”, destacó Martínez Tejeda.
El líder empresarial enfatizó la necesidad de encontrar un equilibrio entre el bienestar de los empleados y la viabilidad económica de los negocios.
Abogó por políticas que fomenten un desarrollo sostenible y una colaboración efectiva entre el sector empresarial y el gobierno. Subrayó que no se trata de eludir responsabilidades hacia los trabajadores, sino de promover una colaboración mutua para el beneficio de ambas partes.
“Como sector empresarial, no estamos en contra de que los colaboradores tengan mejores prestaciones. Estamos a favor de ello, pero es crucial cuestionar si estos son los tiempos apropiados para implementar estos cambios. No estamos en contra”, enfatizó Martínez Tejeda.
Reconoció la importancia de ofrecer salarios justos y condiciones laborales adecuadas, destacando que un equipo motivado y satisfecho contribuye al éxito a largo plazo de cualquier entidad.
En este contexto, resaltó la importancia de establecer políticas fiscales que no comprometan la estabilidad financiera de las empresas, buscando un equilibrio que garantice el progreso económico y social.