El Tribunal Supremo de Rusia prohibió el movimiento internacional LGBT en este país al considerarlo una “organización extremista” a petición del Ministerio de Justicia.
“Reconocer el movimiento internacional cívico LGBT como una organización extremista y prohibir sus actividades en territorio de Rusia”, dictaminó el juez, Oleg Nefédov, según informa la agencia Interfax.
La medida, que tiene efecto “inmediato”, prohíbe la propaganda, la publicidad, el generar interés y animar a integrar las filas del movimiento LGBT.
La decisión allana el camino para emprender acciones legales contra cualquier grupo que defienda los derechos LGTB en Rusia.
Eso sí, según la fuente, el fallo “no afecta al derecho de los ciudadanos a la vida privada”, ya que la homosexualidad dejó de ser un delito en este país en 1993.
La vista transcurrió a puerta cerrada y sólo contó con la presencia de representantes del Ministerio de Justicia, que remitieron la demanda el pasado 17 de noviembre.
Activistas LGBT crearon en el último momento la organización Movimiento Internacional Cívico LGBT, que hasta entonces no existía, con el fin de defender los derechos del movimiento, pero no fueron invitados a la vista.
El demandante, el Ministerio de Justicia, expuso que se detectaron “tendencias extremistas”, lo que incluye “la incitación al odio social y religioso”, en las actividades de dicho movimiento.
Organizaciones de derechos humanos rusas se dirigieron la víspera al Supremo para que no reconociera el movimiento LGBT como extremista, aduciendo que “es imposible” considerar un movimiento cívico a una serie de personas que pertenecen a un grupo social o están unidos por cualidades personales concretas.
“Esto sería tan absurdo como, por ejemplo, llamar movimiento social a todos los pensionistas o a la gente que pertenece a una particular etnia”, apuntaron.
Además, acusaron al Estado de querer “controlar las creencias” de los rusos, al tiempo que inculcan “los valores familiares ‘tradicionales’, supuestamente incompatibles con las actividades de dicho movimiento”.
“También se contradirá con las cláusulas de la Constitución que establecen que Rusia es un Estado laico”, insistieron.
Los activistas advirtieron de que los organizadores del movimiento podrían ser condenados a 10 años de cárcel, a lo que hay que sumar que será perseguido cualquiera de sus integrantes.
Fuente: Milenio
