Juan José Rodríguez Prats
La mejor manera de frustrar la realización de un ideal de justicia es elevarlo a calidad de ley.
Manuel Gómez Morin
Mi buen amigo Diego Fernández de Cevallos me enseñó los siguientes versos: “Tonto y de cerebro enjuto/hace leyes Sisebuto/y las hace al por mayor/por eso dice Canuto/no es malo que sea tan bruto/sino tan legislador”.
Uno de los peores errores, en relación con el daño que causan a los pueblos, es el que se ocasiona haciendo malas normas jurídicas. Hemos concebido un mal sistema legal y, peor aún, hemos sido negligentes e irresponsables en su ejecución. La historia nos da sobrados ejemplos de la deficiente elaboración de mandamientos legales. Al menos en el periodo del viejo priismo se tuvo un mínimo recato que ha estado ausente con el inicio de nuestra estropeada transición a la democracia.
Hacer leyes exige capacidad y delicadeza. Es una disciplina compleja que se auxilia de muchas herramientas. Sin embargo, nuestros representantes en el Poder Legislativo y el titular del Ejecutivo, en quienes recae esta tarea, la asumen con frivolidad, dándole prioridad a intereses particulares y con descarado oportunismo. No ha habido ética para tocar el derecho. Como se ha dicho, no todo se explica por la molicie, también la estupidez y la insensatez aportan su cuota.
Ante cualquier reforma se deben tener muy claros y definidos los resultados a obtener y no simplemente cubrir las apariencias. El derecho es, en principio, teoría. La realidad es su observancia. El tránsito de uno a la otra es un paso mortal.
Por muchos años se demandó la reforma al otrora Distrito Federal. Se decía que sus pobladores eran ciudadanos de segunda por no poder elegir a sus gobernantes y carecer de una Asamblea Legislativa. Pues bien, arrancó fervorosamente su modificación con resultados deplorables. Se desarticuló el gobierno de la ciudad. La demagogia, la burocracia y la corrupción se detonaron. Se le cambió hasta el nombre, bautizándolo con una fórmula matemática (CDMX). Su flamante constitución es una fantasía. Sus alcaldías son feudos de caciques urbanos.
No soy misógino. En este espacio he escrito sobre mis heroínas en política. Ninguna hizo su carrera esgrimiendo su condición de mujer o mediante cuotas. Con el manido discurso del “ya nos toca”, ha surgido un feminismo excluyente, vengativo y sectario. Su argumento central es identitario. Me atrevo a denominarlo “hembrismo” para equipararlo al machismo. En otras palabras, una degeneración del feminismo que no ayuda a la prolongada lucha por los legítimos derechos de la mujer; por el contrario, la distorsiona.
No basta con celebrar el arribo de mujeres a cargos en el Legislativo y en el Ejecutivo. Lo importante es el buen desempeño. Como dice el refrán, “a la fuerza ni los zapatos entran”. Una cosa es la equidad en un órgano colegiado y otra obligar a la postulación de un género para un cargo unipersonal, una soberbia aberración. Lo prioritario son las instituciones, la gobernabilidad, los servicios públicos para la población. Ahí está el patético caso de Guerrero.
Hacer una ley con dedicatoria, para beneficiar a un individuo, sea hombre o mujer, es una pésima técnica legislativa (caso Veracruz). Es negar al derecho su esencial característica de la universalidad. Estamos viviendo un deleznable manoseo de nuestro marco jurídico (caso Nuevo León) y se ciernen mayores amenazas desastrosas (los atropellos a la SCJN).
Hay una aviesa maniobra de promover garlitos para ganar votos. Seamos realistas. Los candidatos a los distintos cargos en disputa que sí cumplen con los perfiles requeridos son escasos. Si a eso le agregamos restricciones, la contienda deviene en una competencia de mediocridades.
México necesita de sus mejores mujeres y hombres en los cargos públicos. No los etiquetemos disminuyendo opciones. No por agregar requisitos vamos a tener mejores servidores. Dejemos que la ciudadanía decida.
2024 es crucial. El próximo gobierno será el de la corrección o será un desgobierno.
