Jesús Utrilla / NV Noticias
El proyecto Inocencia ha logrado la liberación de 87 personas que injustamente estuvieron tras las rejas. Sin embargo, aún persisten 700 individuos detenidos.
Según Tomás Mundo, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, muchos de ellos fueron inicialmente acusados de ultrajes a la autoridad, pero posteriormente se les imputaron delitos de alto impacto.
Actualmente, 500 indígenas permanecen recluidos, y se ha fijado la meta de liberar a 3,500 personas en total.
Mundo destacó que Papantla, Chicontepec y Zongolica encabezan la lista de lugares con mayor número de casos.
De los 500 detenidos, la mitad está bajo proceso y la otra mitad ya ha sido condenada.
Es preocupante el hecho de que muchos de los arrestados por ultrajes a la autoridad se enfrenten ahora a juicios por homicidio, feminicidio y otros delitos graves, alegando que se les fabricaron cargos mientras estaban en prisión.
Incluso se reportan casos en los que fueron llevados a escenas de crímenes para dejar sus huellas dactilares.
La mayoría de estas personas carecen de recursos para defenderse adecuadamente.
Por otro lado, se subrayó la urgencia de independizar los servicios periciales de las Fiscalías en México, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana por el caso de Digna Ochoa.
Aunque se otorgaron dos años para lograr este cambio, el plazo está a punto de expirar y aún no se ha tomado acción al respecto.
El no cumplimiento de esta medida podría exponer a México a críticas internacionales por no respetar los derechos humanos ni las decisiones de la Corte Interamericana.
Finalmente, Mundo advirtió que, de no aumentarse el presupuesto para el Poder Judicial en 2024, podría haber cierres de juzgados de distrito en Veracruz y se verían afectados los derechos laborales de los trabajadores de esta institución.
En la actualidad, se busca modificar medidas cautelares ante los jueces de distrito, ya que en Veracruz se aplica prisión preventiva oficiosa en el 90% de los casos.
