Jesús Utrilla | NV Noticias
En medio de crecientes cuestionamientos por parte del Gobierno del Estado, abogados han alzado su voz en contra de las acusaciones dirigidas a Jueces de Distrito por resolver múltiples casos de amparo en contra de la prisión preventiva oficiosa, presentados por personas en proceso penal.
Rafael Gómez Zacarías, presidente de la Barra de Licenciados en Derecho del Sistema Penal Acusatorio y Oral, recordó la existencia de dos sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una de ellas involucra a una persona que permaneció en prisión preventiva durante 17 años a la espera de una sentencia. En este contexto, Gómez Zacarías resaltó la necesidad de declarar inconvencional la práctica de la prisión preventiva oficiosa.
Un caso adicional del año 2022, que involucra a dos ciudadanos veracruzanos, ha llevado también a que México sea instado a declarar como incompatible la prisión preventiva oficiosa.
Gómez Zacarías hizo hincapié en que México ratificó el Pacto de José de Costa Rica en 1981 y lo aceptó en 1998, incluyendo la jurisdicción contenciosa. México reconoce la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Los estados adheridos al convenio están comprometidos a respetar los derechos humanos y en este contexto consideramos que el Gobierno del Estado está recibiendo asesoramiento erróneo”.
El representante legal enfatizó que el Gobierno del Estado debe permitir a los jueces cumplir con su mandato, ya que estos buscan simplemente aplicar la ley y garantizar el derecho de las personas a ser consideradas inocentes hasta que se demuestre lo contrario, evitando así posibles problemas legales.
Gómez Zacarías recordó que tanto la sociedad como la ley están en constante cambio y México se encuentra en un proceso de actualización. Esta evolución demanda que las autoridades se comprometan a salvaguardar los derechos humanos.
“Gracias a estas resoluciones, ciertos artículos que antes resultaban en la prisión preventiva oficiosa ya no serán aplicados de esa manera, brindando a las personas la oportunidad de salir en libertad durante el proceso judicial. Esto les permitirá trabajar y participar en su propia defensa. Es fundamental que el gobierno no critique la labor de los juzgados de distrito”.
Gómez Zacarías insistió en que los juzgados de distrito únicamente acatan las decisiones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contribuyendo así a mantener la integridad del sistema legal y asegurando un proceso justo y equitativo para todos los ciudadanos.
