El Instituto Mexicano de la Radio (IMER) advirtió que a pesar de los avances que se han tenido en el otorgamiento de concesiones de radiodifusión en comunidades indígenas, en la legislación y en la operación aún hay brechas de desigualdad.
La directora general del IMER, Almeida Callejas, recordó que hace años, era muy evidente que había un Estado muy débil frente a poderes mediáticos muy poderosos y que las acciones represivas del Estado frente a estos medios eran esencialmente motivadas por presiones de una industria privada de la radio y la televisión.
No obstante, aseveró durante su participación en el panel “Pueblos y comunidades indígenas, ¿cuál ha sido la labor del instituto y otras instancias en este importante tema?”, que con la Reforma de Telecomunicaciones de 2023 se logró subir a nivel constitucional la figura de concesiones sociales, comunitarias e indígenas, lo cual fue complicado, pues era muy clara la resistencia del partido en el poder (PRI) para reconocer a este tipo de emisoras.
“Era muy evidente que desde la reforma constitucional se estaba protegiendo a la industria de la radiodifusión y eso está en los diarios de debate del Congreso, eso está perfectamente documentado…(..)…a la hora que se hace la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a fuerza de reconocer que ya estaban esas figuras a nivel constitucional, ya no las pudieron desaparecer en la ley reglamentaria, pero sí nos quedó una ley discriminatoria, arbitraria para el sector social”, aseguró la directora general del IMER.
En el marco del foro “Población Usuaria y las Audiencias a 10 Años de la Creación del IFT”, abundó en que algunas de esas discriminaciones tienen que ver con la sostenibilidad, “protegiendo al mercado de la industria de la radiodifusión o, en cosas tan absurdas, como que para recibir donaciones tengan que ser donatarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda, que no es tan fácil, así que nos quedó una legislación discriminatoria”, dijo.
Fuente: Milenio
