Sam Ojeda / NV Noticias
Xalapa.- La secretaria técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Sofía de Robina Andujo, afirmó que la prisión preventiva impuesta a la jueza Angélica “N”, señalada por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, es “injustificada y excesiva”.
“La medida cautelar de prisión preventiva ha sido desproporcionada, seguimos sosteniendo que no hay materia para sostener un riesgo de fuga, debió haber sido cualquier otra menos la prisión preventiva”.
Previo a la continuación de la audiencia inicial en los juzgados de Pacho Viejo, acudieron observadores de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y del Instituto Federal de la Defensoría Pública y se advirtió que el proceso contra la jueza es la muestra de que existe un uso desproporcionado y faccioso del sistema penal.
Sofía de Robina Andujo afirmó que la medida de prisión preventiva ha sido desproporcionada, y respecto a la vinculación a proceso dijo que acudieron para acompañar a la defensa de la jueza.
“Hemos visto las múltiples irregularidades, incluyendo justamente la decisión del juez de no celebrar la audiencia de manera pública”, indicó.
Por ello, señalaron que se centrarán en solicitar la variación de la medida cautelar para que pueda seguir su proceso en libertad tras ser acusada presuntamente de los
“Hemos hecho una solicitud de revisión de medida cautelar desde el día de ayer, no nos han notificado la audiencia para efecto de que podamos debatir en ese sentido; sin embargo, consideramos que seguramente el juez abrirá debate antes de iniciar la continuación de audiencia inicial“, dijo el abogado Ricardo Aguilar Rodríguez.
Por su parte, la titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Jaqueline Sáenz Andujo, afirmó que las constantes declaraciones del gobernador Cuitláhuac García Jiménez sobre este caso atentan contra la autonomía del Poder Judicial.
Dijo que además la Fiscalía General de Veracruz no ha aportado los elementos suficientes contra la jueza, a quien señalan de mantener comunicación con la defensa de Itiel “N”, acusado por el presunto homicidio del ex diputado Juan Carlos Molina Palacios, para lograr su liberación.
Insistió en que el uso “desproporcionado y faccioso del sistema penal” en Veracruz inhibe el actuar de los jueces.
