Jesús Utrilla / NV Noticias
Piden organizaciones que se anule la nueva autorización emitida por la Semarnat, para que continúe la obra de ampliación del Puerto de Veracruz.
Javier Martínez Esponda, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, explicó que otra vez avaló un proyecto fragmentado, que no recurrió al uso de la mejor ciencia disponible y que no permitió la participación de las personas.
Por ello pidieron que se garantice el acceso a la información y la participación de la ciudadanía ya que el cumplimiento de esta sentencia es para el beneficio de todas y todos los veracruzanos.
También exigieron la intervención diplomática y técnica de la Convención Ramsar sobre humedales de importancia prioritaria internacional.
Recordó que el pasado 23 de mayo residentes de Veracruz, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C (CEMDA) y académicos presentaron ante un juez federal un análisis de las actuaciones realizadas por las autoridades para cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCIN) donde concluyeron que la nueva Autorización de impacto Ambiental otorgada por la autoridad federal ambiental al proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz debe ser declarada nula y se debe ordenar que se someta nuevamente al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), conforme ordenó la Corte.
Pidieron que la Administración del Sistema Portuario de Veracruz, S.A. de C.V. (Asipona Veracruz) elabore una nueva Manifestación de Impacto Ambiental donde se incorporen todos y cada uno de los elementos del proyecto, y se valore realmente el riesgo ambiental utilizando una metodología adecuada, pertinente y que sirva para los fines que la sentencia busca cumplir; por ejemplo, la metodología.
También solicitaron que la Convención Ramsar sobre humedales de importancia prioritaria internacional acompañe y participe activamente en la evaluación de impacto ambiental del proyecto para garantizar que sea utilizada la mejor ciencia y la mejor metodología de evaluación para proteger efectivamente los ecosistemas y los servicios ambientales que prestan a la población.
Recordó que la sentencia de la SCJN, en marzo del 2022, la Semarnat dejó insubsistentes las autorizaciones que se habían otorgado. Pero el pasado 30 de diciembre la DGIRA volvió a autorizar de manera condicionada el proyecto, nuevamente de manera fragmentada, sin una adecuada integración de la información, sin uso de la mejor ciencia disponible.
