Un riesgo latente de aumento en las tarifas del servicio eléctrico en México así como el aumento incertidumbre en el sector energético del país ha supuesto la compra de 13 plantas de energía a Iberdrola por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Así coincidieron especialistas consultador por la agencia de noticias EFE, quienes alertaron sobre el apoderamiento de los productores independientes de electricidad en el país para fortalecer un monopolio estatal liderado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El martes, Iberdrola acordó vender infraestructura en territorio mexicano, con un total de 8.534 megavatios (MW), que representa un 20% de la demanda máxima pronosticada por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) de México de 42.741 MW y el 87% de sus operaciones en el país.
López Obrador presumió de la compra como “nueva nacionalización”, ya que las 12 plantas de ciclo combinado y una eólica de Iberdrola pasarían al “patrimonio público” y a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Para Óscar Ocampo, coordinador de Energía y Medio Ambiente en el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), esta compra está en línea con el objetivo del Gobierno de hacerse del control de los productores independientes de energía (PIE’s).
El especialista consideró que también abre un debate sobre la operación y regulación del mercado, al volverse la CFE la empresa mayoritaria del sector eléctrico mexicano.
Por otro lado, Víctor Ramírez, de la Plataforma México, Clima y Energía (PMCE), también cuestionó si las plantas de generación seguirán con la misma eficiencia.
Recordó que las centrales de ciclo combinado más caras del mercado, como las que adquiere el Gobierno mexicano a través del fondo Mexico Infrastructure Partners (MIP), son las operadas por la CFE.
De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), hasta marzo pasado cada megavatio hora generado por la CFE costó 1.349 pesos (unos 72,9 dólares), mientras que el de los PIE’s fue de 976 pesos (52,75 dólares).
“Está más que demostrado que los gobiernos no son eficientes en la operación de las empresas y esto, además de agregar vulnerabilidad a las finanzas públicas, subirá los costos, y las empresas y personas terminaremos pagando por la mayor ineficiencia”, comentó Gabriella Siller, académica del Tec de Monterrey.
Fuente: Forbes
