La reforma a la Ley de Comunicación Social que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) vulnera la autonomía de entes públicos y amordaza a los gobiernos municipales y estatales para que sólo el presidente de la República cuente con el recurso para informar lo que él considere pertinente o adecuado, acusó la secretaria de Capacitación y formación del Partido Acción Nacional (PAN) en Hidalgo Irma Beatriz Chávez Ríos.
Esto ya que la modificación a la Ley establece que los ayuntamientos, así como cualquier ente que reciba recursos públicos, sólo podrán ejercer el 0.1 por ciento de su presupuesto anual en publicidad y difusión de sus acciones y demandas, detalló, lo cual deja en indefensión a los gobiernos opositores al partido en el poder para externar sus demandas, necesidades, problemáticas, e incluso avisos de pago de impuestos o temáticas de Protección Civil (PC) o salud ante un posible riesgo de la población.
Por ello, refirió Chávez Ríos, desde el albiazul en Hidalgo se promovieron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuatro controversias constitucionales para evitar su aplicación, además que forma parte de las acciones legales en contra del denominado Plan B de reforma electoral propuesto por el presidente de la República, el cual pone en riesgo no sólo la certeza de las elecciones, sino la democracia en sí.
“Aunque es un tema que considera el PAN no es un tema de partido, sino que es de los gobiernos municipales, está en peligroso ser violada la autonomía municipal, por ello desde el Comité Estatal emprendimos una serie de acciones jurídicas y podemos dar cuenta de cuatro controversias constitucionales a la Ley General de Comunicación Social, este hecho que digan cuánto y cómo deben de gastar es violatorio al artículo 115 constitucional, por ello creemos que vamos a lograr echarla abajo”, manifestó.
Igualmente, añadió Beatriz Chávez, se preparan dos controversias más en contra de esta modificación a la norma, pues afecta en mayor medida a los entes públicos con menor recurso, pues además se vulnera la obligación constitucional de informar a la población las acciones de sus gobiernos, además de priorizar la transparencia en el uso de recursos públicos, lo cual atenta contra el derecho humano de acceso a la información.
“El único beneficiado es el presidente de la República, tiene más recurso, cerca de ocho mil millones de pesos para comunicación social al año, para su difusión y publicidad; es una desproporción enorme entre entes públicos y el Ejecutivo federal, sólo se escuchará la voz del presidente, además de que sólo informará lo que él quiera, estamos tratando de combatir esta situación con este tipo de acciones, es suficiente lo que hemos vivido en estos cuatro años, no podemos permitir más excesos”, sentenció.
Fuente: Milenio
