Por Edgard González Suárez
La Constitución Política de nuestro país define a los partidos políticos como entidades de interés público, y es la ley correspondiente la que determina las formas de participación en los procesos electorales. De esta manera los partidos políticos en México, como en muchos otros sistemas electorales, permiten a los partidos formar alianzas o coaliciones electorales para postular candidatos o candidatas que compitan en los comicios por el voto popular. Es decir, que formar alianzas o coaliciones electorales es una figura legitima y legal dentro de nuestro sistema electoral.
Ahora bien, las alianzas electorales son producto de cálculos tácticos y estratégicos que los partidos realizan para enfrentar la competencia electoral, es decir, la renovación de cargos públicos y autoridades emanadas del voto popular: Senadores, Diputados, alcaldes, regidores, y presidente de la república.
Su propósito central es maximizar el voto sobre un partido, alianza electoral o candidato en el territorio nacional, acrecentar el número de representantes en los congresos, eventualmente incrementar los números de electores que votan por la alianza, mejorar el financiamiento público para futuras elecciones y lograr la sobrevivencia política de los partidos políticos más pequeños.
Las alianzas se diferencian de las coaliciones porque en las primeras se establece un único objetivo, compartido por todos los aliancistas, de presentar candidatos por los distintos partidos aliados en todo el territorio, e intentar alcanzar una mayor fuerza en las curules o bancadas de partidos. Esto podría implicar presentar candidatos comunes, con logos diferenciados o compartidos y un acuerdo en los montos del financiamiento. Una vez terminado la elección y contabilizado los votos y expresada la representación en las cámaras, la alianza puede terminar, o puede continuar, según los intereses y conveniencias de los partidos políticos.
Una alianza parlamentaria, supone un acuerdo entre dos o más partidos para ir juntos en las (todas o algunas) votaciones frente a las propuestas de ley que se presenten y se debatan dentro de las cámaras. Tanto las alianzas electorales como las alianzas parlamentarias pueden ser mecanismos utilizados tanto por el gobierno como por la oposición.
En cambio, una coalición, supone mecanismos de mayor integración política e ideológica, supone no solo presentar candidatos comunes, sino defender un programa de gobierno común, una propuesta de integración del poder ejecutivo que refleje la coalición, y sobre todo, hacer prevalecer la coalición sobre los partidos políticos individuales.
En este sentido, en nuestro país, lo que estamos presenciando es la construcción y/o consolidación de alianzas electorales para participar en los comicios de este año, en Coahuila y el Estado de México, y en el año 2024, en las elecciones presidenciales. De tal manera, que las alianzas que compiten son básicamente dos: La del Gobierno federal, Morena, PT y Partido verde, frente a la alianza opositora: PAN, PRI y PRD. La primera, para empujar y hacer avanzar el programa de la 4T, o la cuarta transformación, de corte progresista y de justicia social, la segunda para intentar instalar en el gobierno un programa de corte neoliberal y conservador. En otras caracterizaciones estas alianzas se definen como el modelo distribucionista y nacionalista, frente al modelo de la corrupción globalizada.
Este esquema es el que ya se esta integrando para salir adelante en estos dos años electorales, los ciudadanos deberán de elegir libremente en que lado de las alianzas propuestas quiere o va a votar.
Desde luego, que la alianza más firme, parece ser la de Morena y sus aliados, por mantener el gobierno, haber presentado un programa infraestructural, un paquete de reformas en distintos ámbitos, y haber combatido a la corrupción. Sin embargo, la alianza que puede evidenciar más debilidades es la protagonizada por PAN, PRI y PRD. Porque aunque saben que es muy difícil -no imposible- pero muy difícil derrotar a Morena es estos comicios, y han acordado, mantenerse aliados en el 23 y el 24, aún no acaban de definir, y otros de digerir, como será la distribución de fuerzas en las cámaras. Ese debate aún no se hace público, pero ya mostró sus inconsistencias, y no aflorará hasta pasados los comicios del Estado de México. El PAN aceptó que candidatos priístas encabecen las candidaturas en el 2023, con lo cual, el PRI, pretende demostrar que esta vivo, y puede retener por lo menos una gubernatura, y por lo menos 25 alcaldías del estado de México – en el peor de los escenarios- o ganar dos gobiernos estatales -incluido el Estado de México- y mantener su fuerza simbólica al finalizar el 2023 -el sueño guajiro de Alito y su pandilla-. Por su parte el PAN anunció que el PRI aceptó que fueran candidatos panistas los que encabecen la elección presidencial y la de la Ciudad de México. Y ahí, se encuentra ya la primera rebelión
Pasado los comicios de junio próximo, la correlación de fuerzas social, electoral, anímica y moral, pueden cambiar. Y una derrota estrepitosa del PRI, podría desencadenar las fuerzas internas que se oponen al famoso acuerdo de alianza entre el PRI y el PAN. Daría incentivos y ánimos a las fuerzas opositoras de Alito para intentar cambiar la estrategia centrada solo en los candidatos comunes.
Lo que realmente esta a discusión en esta alianza electoral, es como se van a repartir las cámaras, tanto la de diputados como la de senadores. Ante un eventual triunfo de Morena, todos los partidos, incluso el PRD, quieren quedar lo mejor posicionados frente al segundo gobierno de Morena en el país.
