En el último año del sexenio pasado, la Oficina de la Presidencia repartió entre sus trabajadores cientos de tarjetas electrónicas y vales de papel para recargar gasolina y otros combustibles. Los elementos del Estado Mayor Presidencial también recibieron beneficios adicionales a los habituales.
Sin embargo, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las autoridades correspondientes no han podido comprobar la legalidad de dichos gastos, aunque a la fecha no hay denuncias.
Entre las frases del argot político mexicano, se suele decir que el último año de una administración es “El año de Hidalgo… chingue a su madre el que deje algo”, manera de referirse a la costumbre de vaciar las arcas públicas antes de dejar el poder.
En 2018, el último año de la Presidencia de Enrique Peña Nieto, su oficina, que comandaba Francisco Guzmán, gastó más del doble de lo que tenía previsto.
Y, a través de contratos fantasma, gastos sin comprobar de gasolina y pagos sin sustento a trabajadores adscritos al Estado Mayor Presidencial, dejó un posible desfalco de más de 33 millones de pesos que, cinco años después, no ha sido denunciado ni penal ni administrativamente.
La ASF no ha presentado denuncias ni exigido el reembolso de casi 30 mil millones de pesos de un posible desvío de recursos cometido durante el sexenio priista repartido en 45 dependencias de gobierno, incluida la Oficina de la Presidencia, en donde el boquete en 2018 fue por 33 millones 771 mil 92.04 pesos. Aunque pudo ser mayor.
Fuente: Milenio
