La Unidad de Inteligencia Financiera de México asegura que el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, obtuvo 678 millones 636 mil dólares a través de 30 contratos con el gobierno mexicano y el de la Ciudad de México, entre 2012 y 2018, gracias a la entrega de 10 millones 565 mil dólares en sobornos a autoridades.
Esto a través de la denuncia civil que el gobierno mexicano entabló en contra de García Luna y varios de sus colegas de negocios por lavado de dinero en el condado de Miami Dade, en Florida, y que actualmente se encuentra inactiva, con apelaciones pendientes y con el ex funcionario mexicano a punto de ser juzgado por tráfico de cocaína en una corte de Brooklyn, Nueva York.
El juicio criminal que enfrenta en Nueva York podría durar hasta dos meses, con la llegada a un veredicto cerca del mes de marzo, según la hoja propuesta por los fiscales de ese país y que tendría que ser llenada por los miembros del jurado tras escuchar y conocer la evidencia y testigos que se presentarán en el caso.
Según investigaciones de este caso, testigos colaboradores y evidencia en poder de fiscales, García Luna y sus dos hombres más cercanos en la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, jefe de la División de Inteligencia Policial y Ramón Pequeño, jefe de la División Antidrogas, recibieron sobornos millonarios a cambio de permitir al Cártel de los Beltrán Leyva y el de Sinaloa traficar más de 52 toneladas de cocaína a Estados Unidos.
Se trata de 10 contratos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social por 335 millones de dólares, cinco en la Policía Federal por 84 millones de dólares, uno en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por un millón y medio de dólares y 14 con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional por 257 millones de dólares.
El gobierno mexicano identificó que en total se realizaron 76 pagos de sobornos por parte García Luna y sus colegas por 10 millones y medio de dólares, para obtener dichos contratos.
Según la denuncia civil presentada por el gobierno de México en septiembre de 2021, García Luna junto con otras siete personas, entre ellas su esposa, Linda Cristina Pereyra, crearon una red de empresas en Panamá y México que recibieron contratos de forma indebida entre 2012 y 2018 gracias a los contactos que consiguió el ex secretario de Seguridad Pública durante su paso por la Agencia Federal de Investigación y la Secretaría de Seguridad Pública y gracias a la entrega de sobornos. Las empresas involucradas son Nunvav Inc., en Panamá, Glac en México y GL & Associates Consulting, en Estados Unidos.
Después de la obtención irregular de los contratos, comenzaron a lavar los recursos a través de la adquisición de propiedades y bienes de lujo en Miami, Florida, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera solicitó formalmente una restitución de daños por al menos 250 millones de dólares.
Fuente: Milenio
