El expremier Aníbal Torres pagó la caución económica que se le impuso, por un monto de 20 000 soles, en el marco de la investigación preparatoria por el fallido autogolpe de Estado en el Perú.
Recluido en el penal Barbadillo y con una medida de 18 meses de prisión preventiva en su contra, Castillo Terrones intentó disolver el Congreso de la República, el pasado miércoles siete de diciembre, y reorganizar instituciones como el Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional (TC) y la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La Fiscalía sostiene que el expresidente del Consejo de Ministros (PCM) conocía de los planes del expresidente e incluso colaboró para que estos se materializaran. Esta entidad, liderada por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, investiga a Castillo por presunta organización criminal (en calidad de líder), colusión agravada y tráfico de influencias desde octubre del presente año.
En este contexto, Torres Vásquez pagó la citada suma de dinero a nombre del despacho del magistrado Juan Carlos Checkley, juez supremo de Investigación Preparatoria. La sala le brindó al también abogado, días atrás, un mandato de comparecencia con restricciones. El Ministerio Público ya apeló la decisión adoptada por el Poder Judicial.
Si el juez Checkley admite a trámite el recurso de los fiscales, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluará el documento en una sesión virtual previo acuerdo con ambas partes.
Mientras tanto el exministro de Justicia debe adoptar ciertas medidas, entre ellas, el no ausentarse de la localidad donde reside, en Lima Metropolitana, sin contar con una autorización judicial y pasar obligatoriamente por el control biométrico el último día hábil de cada mes.
Además, deberá concurrir a la autoridad fiscal y judicial las ocasiones en las que que sea citado, así como no comunicarse con los investigados y testigos del caso. Torres Vásquez enfrenta la comisión del presunto delito de rebelión y, alternativamente, el de conspiración.
Tal como lo había anunciado su abogado defensor Duberlí Rodríguez (ex presidente del Poder Judicial), el ex primer ministro Aníbal Torres retornó a sus labores como profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
Días antes, Torres publicó un comentario en el que anunciaba su paso a la “clandestinidad” debido a las investigaciones de la Fiscalía. Sin embargo, reapareció en la audiencia donde se pidió 18 meses de prisión preventiva en su contra, medida que el Poder Judicial consideró no imponerle.
“Mis condolencias con las familias de los peruanos asesinados, espero la pronta recuperación de los heridos. Al final, la verdad se impondrá en el país. De regreso a las aulas sanmarquinas”, escribió el pasado 20 de diciembre a través de Twitter, donde también se refirió a las víctimas mortales de las protestas y violencia en el país.
En la publicación, el expremier también adjuntó una fotografía en dicha casa de estudios. Según señaló su abogado, el exfuncionario no tiene planeado pedir asilo político ni representa un riesgo de fuga pese a su anuncio, vía redes sociales, de pasar a la “clandestinidad”.
Fuente: Infobae
