Las fuerzas armadas continuarán en las calles para seguir participando de “manera extraordinaria” en labores de seguridad, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el acuerdo que emitió el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ordenó la salida de los militares de sus cuarteles hasta 2024 para enfrentar al crimen organizado en diversas regiones del país.
Por mayoría de ocho votos, el Pleno de la Corte determinó que el titular del Poder Ejecutivo Federal utilizó de manera correcta su facultad establecida en el artículo quinto transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional de 26 de marzo de 2019.
Este artículo transitorio permite, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, que el Presidente de la República pueda disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
La ministra ponente Margarita Ríos Farjat propuso declarar infundada la controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados, la cual argumentó una invasión a sus facultades. Ríos Farjat dejó claro que el acuerdo no normaliza la militarización, ni constituye una medida que evidencie una renuncia a la formación de una Guardia Nacional, al ser únicamente un reflejo de lo que el constituyente dispuso en la propia Constitución Federal.
“Podemos tener preferencias personales, podemos tener posiciones y valoraciones distintas, pero no debemos politizar un tema sumamente delicado no solo para el país, sino para la percepción de la sociedad”.
“Hoy discutimos un Acuerdo, emitido por el titular del Ejecutivo, a partir de una provisión del poder constituyente en sede democrática. Pretender que toda la política al respecto está en este Acuerdo, no solamente desborda la litis, sino que impide calibrar ponderadamente el alcance del Acuerdo impugnado a la luz de lo que le da origen, y que es un mandato del constituyente permanente”, expresó.
Algunos ministros, como Luis María Aguilar Morales y Juan Luis González Alcántara Carrancá reconocieron el grave problema que enfrenta el país en materia de seguridad, pero manifestaron que el Acuerdo publicado no cumple con los requisitos para que el Ejército y Marina participen en estas labores de manera regulada.
Alcántara Carrancá indicó que lo anterior podría abrir la puerta para que los militares suplan a la Guardia Nacional y para que participen en cualquier labor de seguridad. Sin embargo, las ministras Norma Piña Hernández, Loretta Ortiz Ahfl, Yazmín Esquivel Mossa, y los ministros Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y el ministro presidente Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, se sumaron a la propuesta de Ríos Farjat, en que no debe invalidarse el Acuerdo, porque el Presidente de la República ejerció bien su facultad.
Fuente: Milenio
