La tan mentada “ola roja” republicana que se iba a producir en las elecciones de medio término de la semana pasada en Estados Unidos, según Donald Trump y sus acólitos, nunca sobrevino. En cambio, hubo un empate que tuvo sabor a triunfo para los demócratas. El oficialismo retuvo el control del Senado y la oposición obtuvo el de la Cámara de Representantes. Un equilibrio de poder muy tradicional en Washington pero que en los últimos años se tradujo en parálisis y disputas. Un clima que erosiona al sistema democrático y que coloca una nube de sombra sobre los próximos dos años de gobierno de Joe Biden.
El otro elemento preocupante es que Donald Trump ya lanzó su candidatura presidencial para 2024 a pesar de una creciente oposición a su desgastada figura dentro del aparato que controla el Partido Republicano y la aparición de una figura aún más radicalizada, pero con mejores modales, como la del reelegido gobernador de Florida, Ron De Santis. Habrá puja interna por la candidatura que, inevitablemente, llevará a un quiebre entre los trumpistas que buscan un personaje algo más estable para la Casa Blanca.
En el Congreso, con el Senado en manos de los demócratas y la Cámara de Representantes en las de los republicanos, lo más probable es que se vuelva a la parálisis y a las disputas que definieron a un gobierno federal dividido en los últimos años. Ninguno de los dos partidos tendrá los votos necesarios para aprobar leyes importantes. Los demócratas probablemente se verán obligados a dejar de lado el resto de su ambiciosa agenda, como la protección del derecho al aborto en los estados que no lo quieren reconocer y la ampliación de los créditos fiscales para las familias con hijos.
Los republicanos van a estar en posición de sacar a relucir su vieja estrategia: obligar a una reducción extrema del gasto público, argumentando que la deuda y los déficits están fuera de control. En la década de 2010, los republicanos utilizaron estas amenazas para bloquear los proyectos de ley de gasto y dificultar la ejecución de la agenda presidencial de Barack Obama, sin importarles si provocaban el cierre de oficinas del gobierno o dejaban a miles sin trabajo. Algo que no hicieron cuando Donald Trump estuvo en la Casa Blanca.
En ese período, los legisladores republicanos aprobaron presupuestos y medidas fiscales que elevaron la deuda y el déficit a “nuevos máximos”. Trump ya presionó, en los últimos dos años, a los legisladores de su partido para que utilicen estas tácticas con el objetivo de obtener concesiones de los demócratas. Las peleas por el gasto público serán la marca legislativa de estos próximos dos años.
Una de las principales responsabilidades del Congreso es asignar fondos para los servicios y programas del gobierno federal, como la Seguridad Social, las fuerzas armadas y la investigación científica. Como el gobierno suele gastar más de lo que ingresa, el Congreso también tiene que aumentar el tope establecido por los legisladores, lo que limita la capacidad del gobierno federal para pedir préstamos. Ambas cámaras del Congreso tienen que aprobar las asignaciones de fondos y los aumentos del límite de la deuda.
El representante Kevin McCarthy, que esta semana obtuvo el apoyo de su partido para convertirse en el próximo presidente de la Cámara de Representantes, ya dijo que su bancada no está dispuesta a hacerlo: “Les proporcionaremos más dinero, pero tienen que cambiar su comportamiento actual”, dijo. “No vamos a seguir elevando el límite de su tarjeta de crédito”.
Esto llevaría directamente al cierre de algunos organismos estatales como los parques nacionales y las inspecciones medioambientales o alimentarias. También los de control del Estado y las oficinas administrativas de las Secretarías (ministerios). Ya ocurrió en 2013 y dos veces en 2018. La consecuencia inmediata es que cientos de miles de trabajadores de las agencias afectadas dejan de cobrar su salario.
Fuente: Infobae
