El Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Amparo en materia Penal invalidó la orden de aprehensión contra la actriz y presentadora Inés Gómez Mont, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal de más de 12 millones de pesos.
Debido a que carece de motivación y fundamentación jurídica, la titular del mencionado juzgado, Rosa Montaño Martínez, ordenó al juez de control Alberto Torres Villanueva dejar insubsistente el mandamiento judicial y decidir de nueva cuenta, con libertad de criterio y sin dogmas, si hay datos de prueba sólidas para sustentar la expedición del mandamiento judicial.
La juez Montaño Martínez consideró que es importante que el juez de control indique de qué manera los datos de prueba le permiten deducir que existe el delito de defraudación fiscal y no concluirlo de manera dogmática, tal y como lo hizo al girar la orden de aprehensión invalidada.
“Se advierte que el Juez de Distrito señalado como autoridad responsable, dijo que son aptos y suficientes los datos de prueba proporcionados por la representación social de la federación, en su solicitud formulada por escrito, para la emisión del acto reclamado, los cuales precisó eran valorados de manera libre, lógica y de forma conjunta, en términos del artículo 255 del Código Nacional de
Procedimientos Penales”.
Sin embargo, la juez de amparo, Rosa Montaño Martínez, consideró que el juez de control, Alberto Torres Villanueva fue “omiso en establecer en qué consistió la ponderación efectuada de cada uno de ellos, pues aun cuando haya referido que ello se efectuó de manera libre, lógica y de forma conjunta, lo cierto es que fue omiso en exponer argumento alguno del que se evidenciara el motivo por el cual estimó, que con tales datos de prueba se infería, como lo dijo, la existencia del hecho considerado por la ley como delito de defraudación fiscal y que existía la probabilidad de que la quejosa lo cometiera”.
El amparo otorgado a Gómez Mont, actualmente prófuga de la justicia, contra la orden de captura, ya fue impugnado por la Fiscalía General de la República (FGR), y será un Tribunal Colegiado el que determine si confirma, modifica o revoca la sentencia.
Cabe destacar que la actriz cuenta con una orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Fuente: El Universal
