Edgard González Suárez
Cuando hablamos de la verdad histórica se asume que será el relato que circulará dentro de una sociedad como verdadero y que quedará a lo largo de la historia. Es decir, la verdad que impondrá el poder durante el tiempo que se pueda ejercer ese poder. La verdad histórica difiere de la verdad jurídica, y por supuesto difiere de la verdad ideológica también.
Jesús Murillo Karam fue detenido la semana pasada bajo los cargos de desaparición forzada, tortura, y contra la administración de la justicia. Además de haber construido una “verdad” que sería impuesta para la historia de este país. En esa verdad, 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron detenidos, secuestrados, asesinados e incinerados en un basurero por una banda criminal. Relato que no solo resultó increíble, sino que puso en duda la capacidad de la autoridad para resolver ese crimen, pero, sobre todo, se notaban a todas luces, las complicidades del gobierno del expresidente Peña Nieto con el crimen organizado.
A casi ya 8 años de aquellos dramáticos y escalofriantes sucesos, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, comprometido a revelar la verdad de lo acontecido, en voz del Subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, declaró: “La desaparición de los 43 estudiantes en Iguala Guerrero fue un crimen de Estado, en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo “guerreros unidos” y agentes de diversas instituciones estatales”.
La visión del Gobierno de Peña Nieto sobre el caso fue: “lamentables hechos donde una banda criminal incinera a los jóvenes estudiantes”, la visión del Gobierno de López Obrador es: “la muerte de los estudiantes fue un crimen de estado”.
Se pueden observar aquí dos posiciones claramente contradictorias y que apuntan a objetivos distintos, generan las mas variadas y punzantes preguntas, como, por ejemplo: ¿El estado mexicano encubrió ese asesinato? ¿Por qué el Estado Mexicano se prestaría a encubrir el crimen? ¿Qué instituciones del gobierno y del estado coparticiparon en esa represión? ¿habrá justicia para las víctimas? ¿los criminales acabarán en prisión?.
Los ciudadanos de a pie se hacen esas preguntas, y veo lamentablemente en una buena parte de la oposición preguntas como ¿se violó el debido proceso en el caso de Murillo Karam? ¿Por qué no se le permitió a Murillo Karam aguardar en su casa la vinculación a proceso? ¿Murillo Karam debería ser puesto en libertad por su edad, y por las enfermedades que padece?.
La corrupción defiende a la corrupción, los integrantes de los partidos políticos de oposición, y sus voceros emprendieron la ofensiva mediática, ahora para llorar por la suerte de Murillo Karam, de quien dicen a prestado dignamente enormes servicios a la nación. “Alito” Moreno salió en defensa de su correligionario, y empujo al PRI a la defensa del exprocurador de Peña Nieto, con la frase “Es inaceptable la “persecución” del Gobierno sobre altos funcionarios”.
Es decir, para el PRI, no hay, ni ha habido investigación paralela, no hay nuevos informes, nuevas conclusiones, nuevas revelaciones, no, lo que hay es una “persecución” del Gobierno. Por su parte, Javier Lozano, criticó duramente al vocero del Gobierno federal, Jesús Ramírez, por haber tuiteado la detención de Murillo Karam, y de lo cual señaló que el Gobierno de López Obrador era “irrespetuoso de los procedimientos” y “efectuar una justicia selectiva”. En sus intercambios en redes, por demás soeces, insistió: “persecución política” “cacería de brujas”, “distractor”, etc.
Para el ex panista, ex priista y ahora nuevamente panista, y el más corrupto de los neoliberales de los 30 años anteriores, el problema no fue el crimen de los normalistas -¿a quien le importan esos muchachos y lo que sucedió?-, ni tampoco si participó el gobierno y el poder al cual él servía, sino el problema son los “procedimientos”, y lo que él llama, “justicia selectiva”. La corrupción, defiende a la corrupción, pero no se defiende sola, tiene sus defensores, dan la pelea, se muestran tal cual son, e intentan detener y descarrilar la justicia.
Por lo pronto, la verdad histórica parece haber durado muy poco, este gobierno tiene la responsabilidad política de llegar hasta el fondo, vamos a ver si tiene el poder para destruir una verdad que quisieron imponer y a nadie convenció.
