A un año de haber sido presentada, la demanda civil que México entabló contra ocho fabricantes de armas, que además de buscar una reparación del daño, que podría ser de hasta 16 mil millones de dólares, busca un cambio en las prácticas de mercadeo de las armerías, ha cosechado varios logros según el consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio.
“La mayor victoria de este año es que en Estados Unidos se sabe por primera vez el impacto que tiene su comercio en la violencia en México (…) otra victoria que reconocer: ya hay canales de comunicación entre la sociedad estadunidense y la sociedad mexicana exigiendo que pare el comercio irresponsable de armas. Porque con la misma facilidad con que un agresor en un escuela, en una iglesia, en un hospital, puede adquirir un arma, con la misma facilidad la puede adquirir un traficante que después la traerá a México para causar daño”, dijo en entrevista.
El optimismo en la cancillería es evidente: la experiencia jurídica y el compromiso con el combate al tráfico de armas en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el gobierno de México, mantienen un buen ánimo mientras se espera a que el juez que lleva el caso, Dennis Saylor, decida que la demanda seguirá su curso rumbo a un juicio, o si se desestimará, como lo solicitan las armerías: “sí, bueno, como litigante si ganas 50, 100 demandas seguidas, pues te empiezas a confiar, ¿no?, pero estas empresas nunca habían enfrentado al gobierno de México.”
El 3 de agosto de 2019 un joven con camiseta negra, protectores auditivos y un cuerno de chivo desató el infierno en un Walmart en El Paso, Texas. Patrick Crusius admitió que iba a “matar a tantos mexicanos como fuera posible.” Entonces el canciller Marcelo Ebrard decidió que era suficiente y llamó a la consultoría jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores para tomar cartas en el asunto. La idea de una demanda civil vino del consejero jurídico.
Celorio, el cerebro detrás de esta acción civil, se sentó con MILENIO para hacer un balance de los logros a un año de su presentación:
“Difundir mucho los elementos de la demanda, y a un año, ya me parece que hemos avanzado mucho que la persona común y corriente puede decir: ‘pues sí, las armas vienen de Estados Unidos porque en México sólo hay una oficina donde se puede pedir el permiso y después adquirir un arma, administrada por la Sedena‘. Esa es la mayor victoria que se ha obtenido, que ya ha caído este velo de ignorancia, de oscuridad, respecto al tráfico ilícito y ahora cada vez son más las voces que reclaman que el comercio sea más responsable”, dijo en entrevista.
Durante la preparación de la demanda, que estuvo en el horno por dos años, se atravesó el culiacanazo. Ese 17 de octubre de 2019, sicarios del Cártel de Sinaloa sitiaron Culiacán para exigir la liberación de uno de sus líderes. De ahí se partió con la idea de a qué empresas demandar, las firmas más grandes y encargadas de fabricar algunas de las armas favoritas del narco mexicano, como las Barrett, Ak-47 y AR15.
“Los primeros días después de presentar la demanda existía desconfianza, desconocimiento, incredulidad, respecto al esfuerzo que estábamos haciendo. Al final es una demanda muy sencilla, estamos como gobierno de México exigiéndole a unas empresas que nos resarzan en el daño ocasionado por su comercio negligente e ilícito”.
Las firmas, tan importantes como Barret, Glock, Beretta y Smith & Wesson, aseguran, entre otras cosas, que México carece tanto de jurisdicción como de argumentos para señalarlos como culpables por la violencia con armas de fuego en México y que, como los delitos son cometidos por terceros, ellos no tienen culpa alguna.
La columna vertebral de la demanda mexicana se basa en tres principios de derecho. El primero, que la ley que aplica primero la mexicana, pues aquí, donde ocurrieron los daños, no existe la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, por lo que no aplica la inmunidad de las empresas invocan.
Fuente: Milenio
