La solicitud de Estados Unidos de consultas para la solución de controversias con México en el marco del T-MEC por la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador genera desconfianza e incertidumbre a la economía mexicana, afirmó Juan Carlos Machorro, socio a cargo de la práctica transaccional de la firma Santamarina y Steta.
“Dependiendo del rumbo que tome este proceso, podríamos fácilmente estar en el umbral de un proceso que no se concluya, sino hasta finales de 2023 o el 2024. Y así contribuye en forma considerable y desfavorable al ambiente de desconfianza e incertidumbre jurídica que prevalece en este y otros sectores y dejando una enorme contingencia para la siguiente administración”, afirmó.
Una resolución desfavorable para México resultará en la aplicación de aranceles a productos mexicanos y heredará otra enorme contingencia a la siguiente administración, declaró el abogado del despacho.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador hizo caso omiso a reiteradas quejas por la política energética, la cual es considerada como discriminatorias y violatoria del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por los países socios, indicó Machorro.
La administración de Andrés Manuel López Obrador, añadió, se ha equivocado al sostener que la política sobre la industria eléctrica no es violatoria del tratado, pero logró unir a demócratas y republicanos estadounidenses en la defensa de los intereses de las empresas de su país.
Katherine Tai, representante comercial de la Casa Blanca, informó este miércoles que el gobierno de Estados Unidos solicitó el establecimiento de un proceso de consultas en el marco del T-MEC para revisar un presunto incumplimiento de México del acuerdo comercial por su política energética.
La representante comercial (USTR, por sus siglas en inglés) acusó a México de violar las reglas del T-MEC para socavar a empresas estadunidenses que producen energías a fin de beneficiar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“La paciencia del gobierno norteamericano llegó a su límite. Los Estados Unidos han insistido en sus preocupaciones acerca de estas medidas en distintas ocasiones, incluyendo durante las reuniones de las Comisiones de Libre Comercio del propio tratado durante 2021 y 2022, durante la Reunión de Representantes de la Comisión de Libre Comercio en 2022 y durante las reuniones del Comité del T-MEC en temas de Empresas del Estado y Monopolios Designados, tanto en temas de electricidad como en el sector de hidrocarburos”, explicó el litigante.
“Esto es el resultado de numerosas medidas en el sector que han ignorado consistentemente el marco constitucional, legal y los compromisos comerciales del país en el sector; el tema no es nuevo y no se limita al sector eléctrico o las reformas a la ley, es mucho más amplio e incluye, además de las reformas en materia de despacho eléctrico, la inacción, retraso, rechazo y cancelación de la capacidad operativa de las empresas en el sector, la excepción otorgada a Pemex TRI para el cumplimiento con el contenido de azufre en diésel, y el tema de impedir el acceso en igualdad de condiciones a la capacidad del Sistrangas (Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural)”, precisó.
El experto señaló que la política energética adoptada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador han logrado lo que pocos, poner de acuerdo a congresistas republicanos y demócratas de EU, que al unísono han expresado su inconformidad acerca del trato que han recibido las inversiones e intereses norteamericanos en el sector.
“Así, la Representación Comercial que hace tiempo viene comentando que consideraría utilizar todos los recursos a su alcance para defender las inversiones norteamericanas, confirmó que las medidas adoptadas por el gobierno mexicano son violatorias del T-MEC y afectan los intereses legítimamente adquiridos por empresas norteamericanas con la finalidad de favorecer indebidamente a las empresas productivas del Estado, Pemex y CFE”, dijo.
Fuente: Forbes
