En Tennessee, un juez prohibió temporalmente a dos agencias federales aplicar las directrices ordenadas por el gobierno del presidente Joe Biden que extienden las garantías para las personas LGBTQ en las escuelas y los lugares de trabajo.
El pasado viernes, el juez de distrito Charles Atchley Jr falló a favor de los 20 secretarios estatales de justicia que en agosto de 2021 presentaron una demanda alegando que las directivas de la administración Biden infringen el derecho de los estados a promulgar leyes que, por ejemplo, impiden que los estudiantes participen en deportes en función de su identidad de género o exigir que las escuelas y las empresas proporcionen baños y duchas para acomodar a las personas transgénero.
Atchley, designado por el presidente Donald Trump en 2020, estuvo de acuerdo con el argumento de los procuradores estatales y emitió una orden judicial temporal que impide que las agencias apliquen esa guía sobre discriminación LGBTQ hasta que el asunto pueda ser resuelto por los tribunales.
Los secretarios de Justicia que demandaron son los de Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Virginia Occidental.
De acuerdo con las directivas respecto a la discriminación basada en la orientación sexual fueron emitidas por el Departamento de Educación y la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo en junio luego de una decisión histórica sobre derechos civiles de la Corte Suprema en 2020 que, bajo una disposición llamada Título VII, protege a los homosexuales, lesbianas y personas transgénero de la discriminación en el lugar de trabajo.
En 2021 la guía del Departamento de Educación de junio dijo que la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género de un estudiante se trataría como una violación del Título IX, la ley federal de 1972 que protege la discriminación sexual en la educación.
Con su guía, la administración Biden en parte se opuso a las leyes y propuestas en un número creciente de estados que tienen como objetivo prohibir que las niñas transgénero participen en equipos deportivos femeninos. Los fiscales generales estatales sostienen que la autoridad sobre tales políticas “pertenece propiamente al Congreso, los estados y el pueblo”.
Fuente: Milenio
