La fracción parlamentaria de Morena en la 65 Legislatura del Congreso de Oaxaca solicitó realizar una investigación sobre el pago de salarios a 215 extrabajadores del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO), pese a que se encontró que ya habían fallecido.
De acuerdo con el diputado local Luis Alberto Sosa Castillo estos pagos se realizaron con recursos públicos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) de los ejercicios fiscales 2019.
El exhorto fue dirigido al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, al Instituto Estatal de Educación Pública, a la Secretaría de Finanzas, a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y a la Fiscalía General del Estado, para que de manera coordinada realizan una investigación sobre estos pagos de salarios a trabajadores ya fallecidos y de detectarse hechos posiblemente constitutivos de delito presentar la denuncia correspondiente.
Sólo en el año 2020, mencionó, en Oaxaca se pagaron más de 11 millones de pesos a extrabajadores que estaban muertos; mientras que los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y tras un análisis realizado por Mexicanos Contra la Corrupción, encontró que en 21 estados del país se pagaron entre 2019 y 2020, 156 millones de pesos a más de cuatro mil trabajadores muertos.
El legislador detalló que el IEEPO realizó dos mil 63 pagos en 2020 por la cantidad de 11 millones 621 mil pesos a 215 trabajadores identificados como fallecidos, pero el gobierno de Oaxaca sólo pudo justificar pagos por cuatro millones 866 mil pesos y sigue sin regresar a la Tesorería de la Federación cinco millones 156 mil pesos y no pudo aclarar un millón 599 mil pesos.
Sosa Castillo aseguró que no es la primera vez que se detectan pagos de este tipo en el IEEPO. En la auditoría realizada en 2019, explicó, la ASF detectó que el IEEPO realizó pagos a 150 trabajadores fallecidos por un monto de cinco millones 980 mil 532.80 pesos.
“Resulta fundamental que desde esta soberanía podamos atender los reclamos legítimos de nuestra sociedad en materia de transparentar el uso de los recursos públicos, que se combate eficiente y eficazmente la corrupción y se castigue en términos de ley a quienes dañen el erario público en nuestro estado en materia educativa”, expresó.
Fuente: El Universal
