El diputado local del PRI, Ricardo Canavati, presentó una iniciativa de reforma social para que la Secretaría de Igualdad e Inclusión designe más traductores para los trámites de las comunidades indígenas y afromexicanos, que habitan en Juárez y diversos municipios no metropolitanos.
En conferencia de prensa en el Congreso local, Canavati dijo que ante la falta de regulación legislativa en diversos códigos y leyes estatales, incluyendo el Código Penal, Código de Procedimientos Civiles y la Ley de Defensoría Pública en materia de derechos indígenas, consideró necesaria modificar la Ley de los Derechos de las Personas Indígenas y Afromexicanas en el Estado de Nuevo León.
“Hay una base de datos que dice que son 18 traductores que están certificados por un organismo federal, se necesitan más traductores y que estén disponibles de más formas para que no tengan que estar presenciales, sino también por vías digitales.”
“Los que están certificados por un instituto son 18 para los derechos, hay, principalmente, comunidades asentadas en Juárez y otros municipios periféricos como García, son más de 77 mil 500 personas en Nuevo León, de acuerdo con organizaciones civiles”, afirmó.
El artículo 18 establece que los indígenas y afromexicanos tienen derecho al acceso efectivo a los servicios de salud física y mental, así como al acceso a asistencia social sin discriminación alguna y preferentemente serán proporcionados en su lengua y con asesoría adecuada, dichas asesoría podrá ser realizada mediante el uso de herramientas digitales.
En los procesos penales, civiles, administrativos o cualquier procedimiento desarrollado en forma de juicio, dijo Canavati, que sea competencia de las autoridades del Estado y donde intervenga un indígena o afromexicano, éste contará con un abogado o defensor público y un traductor que conozca su lengua y cultura.
“Dicho traductor podrá apoyar mediante el uso de herramientas digitales, para garantizar plenamente el derecho de acceso a la justicia. Los jueces y tribunales deberán tomar en consideración, la condición indígena del acusado”, apuntó.
Fuente: Milenio
