El Instituto Mexicano para la Competitividad(IMCO) identificó que durante 2021, el gobierno federal adjudicó más de nueve mil millones de pesos al comprar bienes a proveedores riesgosos, como empresas fantasma, empresas sancionadas o de reciente creación.
En la edición 2021 del Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) en las compras públicas, el organismo detectó que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la Casa de Moneda de México (CMM) son las instituciones del gobierno federal con compras de más de tres mil millones de pesos al año que más riesgos tienen de caer en problemas de corrupción.
En 2021, el gobierno federal ejerció 473 mil 391 millones de pesos en compras públicas de 260 instituciones públicas, es decir el 10 por ciento del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación, que equivale a comprar 160 aviones presidenciales.
El índice reveló que cuatro de cada 10 pesos en compras públicas se gastaron a través de procedimientos de contratación sin competencia: 41 por ciento del monto gastado se entregó mediante adjudicaciones directas y el cuatro por ciento, mediante invitaciones restringidas.
Y aunque sí hay casos de contrataciones mediante licitaciones públicas, el IMCO también detectó que esos procedimientos no garantizan una competencia efectiva y una transparencia en el gasto.
Por ejemplo, en Liconsa, en el 13 por ciento de los concursos de licitación pública e invitación restringida sólo hubo un participante, mientras que en el Insabi, el 53 por ciento de las compras no publicaron adecuadamente la documentación del procedimiento de compra en la página de CompraNet.
El IRC, una herramienta del IMCO que analiza información de bases de datos de compras públicas, evalúa tres variables en los procesos de compra de las instituciones del gobierno federal: cómo se da la competencia por los contratos, la transparencia de los procedimientos de compra y qué tanto se cumple la ley al hacer dichas compras.
En el caso de la competencia, el IMCO encontró que cuatro de cada 10 pesos se gastaron en procedimientos de adjudicación directa, lo que prácticamente mantiene esa tendencia al mismo nivel que en 2020.
Algunos de los ejemplos más graves son el del Banco del Bienestar y el de Liconsa, que entregaron el 89 por ciento y el 83 por ciento, respectivamente, de su presupuesto para compras en adjudicaciones directas o invitaciones restringidas.
En el caso de la transparencia, el IMCO detectó que una de cada tres licitaciones incumplió con la publicación en CompraNet de al menos uno de los documentos del expediente de compra.
El caso del Insabi es uno de los ejemplos más severos, pues el 53 por ciento de sus compras no tiene documentación completa.
En el rubro del cumplimiento de la ley, destaca que a diferencia de 2020, en 2021, el gobierno entregó nueve mil 798 millones de pesos a empresas de reciente creación; en 2020, el monto fue de dos mil 233 millones de pesos.
Con base en los resultados obtenidos, el IMCO propuso establecer mecanismos de control más estrictos y campos homologados en la plataforma CompraNet para evitar errores en el proceso de captura y publicar conforme lo establecido en la ley la documentación respecto de las compras públicas.
Además, utilizar el IRC para identificar y mitigar las prácticas de riesgo de corrupción.
Fuente: Milenio
