Ricardo Homs
“Quien esté libre de culpa… que tire la primera piedra”, dicen los evangelios respecto al relato de la mujer adúltera. La Biblia narra que, -ante esta frase de Jesús-, todos los acusadores se retiraron, dejando sola a la acusada, en reconocimiento a no tener la conciencia totalmente limpia como para juzgar a la pecadora.
En contraste, si hoy aplicásemos esta analogía para describir lo que está sucediendo en contra de Alejandro Moreno, -presidente del PRI-, vemos que con cinismo los acusadores, -gobierno y dirigentes de MORENA-, no resistirían una investigación patrimonial en su contra, pues la política en México está llena de abusos, aunque unos hayan cometido más y otros menos.
Sin embargo, los acusadores, -envalentonados por el poder-, hacen linchamiento con rudeza sádica, como si ellos estuviesen libres de culpa.
Muy pocos políticos que hoy son protagonistas de la vida pública de México se salvan de señalamientos acumulados a lo largo de su trayectoria política y, sin embargo, no tienen empacho en señalar y acusar a Alito por corrupción.
Sin pretender absolver a Moreno Cárdenas respecto de las acusaciones que enfrenta, -pues es justo que afronte sus responsabilidades ante la ley -, lo que sí es evidente es que esta denuncia no está motivada, -en lo más mínimo-, por el espíritu ético que debe sustentar la impartición de justicia, sino que es un acto de represión gubernamental ejercida en contra de los opositores.
Representa una intimidación abierta dirigida a todos los demás dirigentes partidistas que se opongan a los deseos presidenciales, o no acepten colaborar con él. Es una campaña de terrorismo político que no sólo denigra a nuestra democracia, sino que la pone en riesgo.
El gobierno de la 4T no sólo quiere exhibir al presidente del PRI, sino fincarle cargos que ameritan prisión, con lo cual pretenden nulificarlo de facto, quitándolo de enfrente.
A su vez, con esta estrategia se pretende ahondar el conflicto interno del PRI. Se busca enfrentar a los militantes de este partido entre sí. Unos estarían asumiendo la defensa de su líder y otros, -en contraposición-, exigiendo su renuncia.
Este conflicto interno exhibe al PRI de cara a la opinión pública y lo desgasta. Sin embargo, quienes estimulan esta pugna desde el partido del gobierno pretenden que antes de la debacle los priístas no comprometidos con su partido emigren a MORENA en busca de protección, principalmente los que tienen un pasado opaco y cuestionable, así como los oportunistas.
Esto no es nuevo, pues el presidente Peña Nieto manipuló a la justicia para nulificar como candidato a Ricardo Anaya, sin poder acreditársele las imputaciones de corrupción. Sin embargo, el daño fue irreversible: quedó fuera de la contienda electoral y su imagen pública quedó manchada con la sombra de la corrupción, aunque fuera exonerado de los cargos en su contra.
La postura actual de los expresidentes del PRI que exigen la renuncia de Moreno Cárdenas apoya la estrategia de los adversarios del partido.
Determinar si Alejandro Moreno es culpable de las acusaciones, es una atribución y responsabilidad de las autoridades judiciales. Sin embargo, que a partir de un juicio mediático y manipulado vaya sobre él todo el peso de la justicia y en contraste a los cercanos al presidente se le diluyan los cargos, es lo cuestionable y éticamente reprobable.
Esto significa la utilización de la justicia para un beneficio político, lo cual es ajeno al principio universal de imparcialidad en la aplicación de la ley.
Definitivamente, independientemente de que en privado los correligionarios priístas de Alejandro Moreno lo sancionen, públicamente debiesen arroparlo, -no absolviéndolo para protegerlo-, sino blindando a su partido y a toda nuestra democracia.
La narrativa presidencial del combate a la corrupción hoy está hueca y ni con buena voluntad, -o ingenuidad-, es creíble. Sin embargo, representa la oportunidad de ejercer manipulación jurídica para doblegar a sus adversarios.
En la opinión pública, -así como en la prensa-, ya existe un veredicto en contra de Moreno Cárdenas y la convicción de que el PRI debe desaparecer. Sin embargo, se pasa por alto que la interpretación moral y ética de los actos atribuidos a Alejandro Moreno, -que sin duda son graves-, se ensucia por la forma en que los impartidores de justicia hoy están utilizando la ley para lograr fines ajenos al principio moral que debe pretender la justicia.
Incluso podemos aventurar la sospecha de si los gobernadores de partidos de oposición, -PRI y PAN-, que han sido relevados del cargo por candidatos de MORENA durante las elecciones del 2021 y 2022 en su momento no recibieron la amenaza de “premio o castigo”, consistente en facilitar el triunfo del candidato del partido del presidente López Obrador, o enfrentar una carpeta de investigación en su contra.
Los premios a los bien portados durante la elección del 2021, ya están redimidos y a la vista. Mientras tanto, las promesas a los gobernadores opositores, -perdedores de la elección 2022-, también han sido reconocidas por el presidente en una mañanera.
¿Esta es la nueva democracia?… seguramente estilo 4T: premio o castigo.
Si en gobiernos anteriores la justicia estaba ausente para proteger al ciudadano, actualmente está peor, porque de todos modos sigue estando fuera del alcance del ciudadano “de a pie”. Hoy más que nunca se ha convertido en instrumento de control para dominar a los adversarios políticos del actual gobierno.
No defender este principio básico de la imparcialidad en la aplicación de la ley puede tener graves repercusiones políticas para el futuro de México, pues abriría el camino para que se perpetue una nueva dictadura de partido.
MORENA se está convirtiendo en la reencarnación del viejo PRI autoritario del siglo XX.
Definitivamente, la única forma de poner un contrapeso a esta nueva visión democrática de la 4T es fortalecer el “fuero constitucional” de los legisladores y también ampliar su protección a los cargos del poder ejecutivo, -tanto federal como estatal-, que puedan ser sujetos a presiones por parte de una autoridad superior.
Esta protección constitucional se debe ampliar también a consejeros del INE, el TRIFE, INAI, CNDH e instituciones que se puedan enfrentar a controversias electorales o legislativas, -de modo tal que-, exceptuando delitos graves del Código Penal, las faltas administrativas como enriquecimiento ilícito, delitos fiscales o acciones equivalentes a corrupción, sean protegidas a través de la inmunidad del fuero constitucional, ampliando de modo temporal la vigencia de esta inmunidad hasta la terminación del periodo sexenal del presidente de la república, evitando de este modo venganzas y vendettas cuando el beneficiario del fuero concluya su encargo y lo pierda.
Incluso los “juicios de declaración de procedencia”, -realizados para retirar el fuero constitucional en casos graves, así como los “juicios políticos”-, no puedan ser realizados dentro del Poder Legislativo, -que es vulnerable a las presiones políticas-, sino en el seno de la SCJN.
En la Gaceta del Senado, -publicada el martes 27 de noviembre del 2018-, destaca un párrafo que describe: “el fuero constitucional, estrictamente hablando, consiste en la protección que tienen los legisladores por las opiniones y votaciones que emiten durante el desempeño de su cargo. Sin embargo, la Carta Magna en la redacción actual del arábigo 61 solo obliga a que diputados y senadores no sean reconvenidos por las opiniones que emiten”.
Lo anterior significa que el fuero que es descrito en el Artículo 111 Constitucional, “que tiene como efecto jurídico impedir el procesamiento penal de dichos servidores si no hay autorización de la Cámara de Diputados”, ha sido debilitado o malinterpretado, e incluso carece de fuerza, pues ya no menciona votaciones parlamentarias, mismas que MORENA quiso castigar respecto a los legisladores de otros partidos que votaron en contra de la denominada “ley eléctrica”, propuesta por el presidente López Obrador.
Pretendieron catalogar esa votación contraria como “traición a la patria”, para exigir un castigo ejemplar en contra de los legisladores. Para ello los sometieron primero al escarnio público.
Podríamos resumir que ante el contexto actual de persecuciones y amenazas hacia los tomadores de decisiones en el Congreso, el Poder Ejecutivo e incluso organismos reguladores autónomos, se vuelve fundamental rescatar el espíritu original del Artículo 111 Constitucional, pero además, fortalecerlo, perfeccionarlo y hacerlo extensivo a cargos de la administración pública inexistentes cuando este artículo fue redactado originalmente.
De no blindar con fuero constitucional, -fuerte y poderoso a los tomadores de decisiones-, las instituciones de México corren el riesgo de quedar vulnerables frente a conductas autoritarias del Poder Ejecutivo.
NAASÓN Y EL PODER EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO
Hay varios tipos de poder. El más común se ejerce sustentado en la autoridad del Estado, el cual hoy tiene límites constitucionales.
También existe el poder ejercido desde el ámbito marginal, -provocando terror-, como lo hace la delincuencia organizada utilizando el terrorismo.
Pero el más letal es el que se ejerce con los pies en la tierra, pero manipulando la conciencia y el espíritu, pues se convierte en un poder absoluto.
El poder que se ejerce a partir de la religión es total, pues involucra no solo el control de la voluntad, sino también el sistema de valores morales y con ello, la conciencia y el control emocional pasan al manipulador.
Apenas en marzo del 2018 detonó el escándalo de la detención de Keith Raniere, -el fundador de la secta NXVIM-, que concluyó con el juicio realizado en Estados Unidos y la imposición de una pena de 120 años de cárcel para este depredador sexual.
Luego, en junio del 2019 fue detenido en Estados Unidos Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, fundada hace casi cien años por el abuelo de éste.
Naasón fue acusado en Estados Unidos por abuso sexual de menores de edad, detenido y enjuiciado. Se le sentenció a 16 años de cárcel.
Ambos procesos penales se desarrollaron en Estados Unidos, no obstante que estos delitos se hubiesen cometido en México.
El caso de Keith Raniere es oportuno tenerlo presente por los protagonistas mexicanos que se vieron involucrados en la red de explotación sexual operada dentro de esta secta, todos de familia con renombre político y empresarial en México.
Por su parte, Naasón contaba con la protección de prominentes políticos de la actual administración y de las pasadas. Muy recordado aún el homenaje que se organizó en su honor en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, con la asistencia de grandes personalidades de la política.
La pregunta que debe preocuparnos es: Si Keith Raniere y Naasón Joaquín no hubiesen sido detenidos en Estados Unidos y juzgados allá, ¿sus víctimas mexicanas hubiesen tenido acceso a la justicia? Seguramente no.
Lo mismo ha sucedido con García Luna, quien tuvo que ser detenido y enjuiciado en Estados Unidos para que sus víctimas tuviesen justicia y los mexicanos descubriésemos la cloaca que ha sido tolerada y encubierta en el combate a la delincuencia organizada.
Sin embargo, el 23 de septiembre del 2021 un tribunal ordenó a la FGR, -por instrucciones de la magistrada Selina Avante, del Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo-, que se desistiera de la alerta roja girada a la Interpol para capturar a Kamel Nacif, acusado de pederastia por Lydia Cacho, quien desde 2005 realizó una larga investigación de muchos años para desactivar una red de pedófila, o sea abuso sexual infantil.
Nacif se encontraba desde hace varios años prófugo de la justicia mexicana y viviendo en Líbano, hasta que recientemente en 2021 fue exonerado de los cargos
La magistrada Elba Sánchez Pozos, -quien originalmente llevaba el caso para capturar a Nacif-, no sólo fue relevada del caso para nombrar en su lugar a la magistrada Selina Avante, -quien de inmediato liberó a Nacif-, sino que ha sido castigada por la Judicatura por denunciar corrupción en el Poder Judicial.
México está sumido en la impunidad porque la justicia en nuestro país está totalmente ocupada en perseguir opositores políticos y saldar venganzas personales.
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