El Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México otorgó un amparo a Aprender Primero, brazo jurídico de Mexicanos Primero, en el que ordena a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Secretaría de Salud (SSa) implementar medidas que garanticen que todas las escuelas del país sean seguras frente a la emergencia sanitaria que aún prevalece por el covid-19.
Esto, debido a que dichas autoridades no ejercieron sus facultades para que el regreso a clases presenciales iniciado el año pasado fuera lo más seguro posible. De esta manera, se violaron los derechos a la educación y a la salud de las niñas, niños y adolescentes que asisten a la escuela, así lo detalló Mexicanos Primero.
El juez ordenó que la SEP y a la Secretaría de Salud emitan un protocolo sanitario que distinga claramente entre recomendaciones y lo que es de aplicación obligatoria para las escuelas del país, que a la fecha no se tiene. Asimismo, pidió que hagan disponibles todos los insumos necesarios para la prevención de contagios, sin costo alguno para las comunidades escolares, y con un reparto equitativo y sin discriminación.
Por ello, establece el juzgador, dado que no asumieron su responsabilidad como autoridades máximas en materia educativa y salubridad, respectivamente, no se establecieron medidas de prevención obligatorias en las aulas. Además, en muchos casos, delegaron en las mismas comunidades escolares la procuración de cubrebocas, sanitizantes, termómetros y demás insumos, situaciones que esta sentencia manda corregir.
De acuerdo con la resolución, el protocolo sanitario deberá ser elaborado por expertos de la SEP y Salud, y recogerá las opiniones y experiencias de las autoridades educativas locales y demás integrantes del Sistema Educativo Nacional.
Adicionalmente, deberán establecer controles que permitan dar seguimiento a todos los puntos ordenados por la sentencia, de manera transparente, clara e inclusiva.
Mexicanos Primero ha advertido sobre la falta de preparación para un regreso presencial a clases en agosto de 2021 que fuese seguro y sustentable.
“En los meses anteriores al inicio al ciclo escolar hicimos públicas nuestras preocupaciones, participamos en la Comisión para el Regreso a Clases Presenciales del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), y pusimos a disposición del público en general diversos documentos tipo, y señalamos mejores prácticas nacionales e internacionales” argumentó Mexicanos Primero.
Sin embargo, la SEP y Salud procedieron con un regreso presencial a las escuelas, avalado por meras recomendaciones y “sin responsabilizarse de pagar los materiales necesarios -como agua, jabón, cubrebocas y desinfectantes-, para la prevención de contagios y asegurarse que se contara con ellos en cada escuela, y todo el ciclo, no sólo a la reapertura”, señaló en un comunicado.
Derivado de ello, la organización acudió al Poder Judicial de la Federación y obtuvo una suspensión, que ordenaba a dichas autoridades garantizar los insumos necesarios y la emisión de protocolos obligatorios, lo cual ahora se refuerza y confirma con mayor contundencia mediante esta sentencia de amparo.
“Lo que está sucediendo en distintas entidades del país no es cosa menor: los contagios en escuelas están poniendo en riesgo nuevamente la continuidad de la presencia de niñas, niños y adolescentes en las aulas. Esto, por supuesto, vulnera el ejercicio de su derecho a aprender, el cual ya ha sido violentado durante casi dos años de encierro.
“Sin la orientación de un protocolo sanitario verdadero y definido, las autoridades educativas locales no tienen una referencia que les permita saber qué hacer. Varios expertos en la materia han comenzado a advertir del posible surgimiento de una nueva ola de contagios, lo cual, aunado a que la gran mayoría de niñas, niños y adolescentes no han recibido su esquema de vacunación en contra del covid-19, debería poner a las autoridades en alerta máxima en el cierre del ciclo escolar 2021-2022 y el comienzo del próximo 2022-2023”, expresó.
La organización consideró que en un contexto en el que la discusión pública se ha centrado en lo que los adultos piensan sobre los cambios propuestos al marco curricular y planes de estudio, resulta de suma importancia concentrarse en aquello que afecta directamente y de manera inmediata a los niños y adolescentes.
“Pedimos a la SEP acatar esta sentencia de amparo lo antes posible, no seguir gastando recursos de los contribuyentes para oponerse al cumplimiento de derechos humanos y poner suficiente atención para lograr que las aulas sean, ahora sí, espacios seguros para la salud de todas las personas que acuden a ellas, ante situaciones como el covid-19 y fenómenos semejantes. Contar con el protocolo que manda el juez da certeza sobre lo que corresponde hacer a cada grupo: la autoridad federal, la estatal, la dirección de la escuela, las familias y los propios niñas, niños y adolescentes”, recalcó.
Fuente: Milenio
