Margarita Ríos-Farjat, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propuso negar un amparo a Moisés Mansur Cisneyros, señalado como el principal prestanombres del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien busca que se declare inconstitucional la fracción IV del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, lo que anularía la orden de aprehensión en su contra.
Moisés Mansur es buscado a nivel internacional por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Fiscalía General de la República (FGR) presumió que, junto con otros cómplices, Mansur adquirió varios predios en Campeche por 439 millones 662 mil 979 pesos, los cuales después vendieron a dos empresas que recibían recursos del gobierno veracruzano.
El próximo 11 de mayo, la Primera Sala de la Corte prevé discutir el caso, y estudiar por primera vez la constitucionalidad de la fracción del artículo que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información de los gobernados sin previa autorización judicial.
Mansur señaló que la UIF recabó información de sus cuentas, datos que se utilizaron para denunciarlo en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), lo que dio origen a una investigación que derivó en la solicitud de una orden de aprehensión.
El 11 de julio de 2019, el juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región con residencia en Zacatecas, le concedió la protección de la justicia contra la orden de captura, debido a que la PGR obtuvo la información bancaria ilegalmente.
Pese a ello, Mansur Cisneyros y la FGR interpusieron recursos de revisión contra la sentencia. El 15 de julio de 2020, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal señaló que no podía pronunciarse sobre el tema, porque no hay jurisprudencia sobre el artículo, motivo por el cual pidió a la Corte resolver el caso.
En su proyecto de sentencia, la ministra Ríos Farjat considera que es constitucional el artículo que permite a las autoridades hacendarias federales solicitar información bancaria a las instituciones financieras para fines fiscales.
“Esta Primera Sala concluye que el artículo impugnado es constitucional…se trata de una intervención a un derecho humano (vida privada) que se encuentra prevista en la ley, tiene una finalidad constitucionalmente válida, es idónea para obtener información bancaria de determinadas personas para fines fiscales…”, indica.
En caso de aprobarse la propuesta de la ministra, el caso será devuelto al Tribunal Colegiado para que resuelva en definitiva sobre otros artículos impugnados y cuestiones de legalidad, entre ellos, la orden de aprehensión.
Fuente: Milenio
