El Gobierno mexicano se comprometió este martes a “implementar” las recomendaciones del informe presentado en Ginebra (Suiza) del Comité de la ONU Contra las Desapariciones Forzadas (CED) tras su visita a México a finales del pasado año.
“El Estado mexicano agradece el trabajo del comité y recibe sus recomendaciones respetuosamente con el compromiso de implementarlas de buena fe”, detalló en un boletín la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El comunicado explicó que será la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, “la institución encargada de coordinar los esfuerzos para trabajar en una estrategia de atención a las recomendaciones hechas por el CED”.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) publicó hoy su informe sobre la visita a México que llevó a cabo entre el 15 y el 26 de noviembre de 2021.
La visita fue “muestra del compromiso de nuestro país con la promoción y protección de los derechos humanos, así como de la apertura al diálogo constructivo y la cooperación internacional”, indicó la SRE.
Durante su estancia en México, la delegación del CED sostuvo reuniones con 88 autoridades y visitó 13 entidades federativas: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
Además, recordó el texto, se tuvieron reuniones con autoridades estatales de alto nivel y se reunieron con colectivos de víctimas, llevando a cabo algunas actividades de búsqueda en campo.
“En la presentación de su informe, el Comité CED agradeció el valioso apoyo y apertura del Estado mexicano para lograr la visita y que esta se diera en un marco constructivo. También hizo énfasis en los retos que enfrenta el país, así como la voluntad del actual Gobierno para enfrentarlos”, aseguró el texto.
Explicó que el informe presentado consta de dos partes y contiene 85 recomendaciones.
En las recomendaciones se señala, entre otras cosas, la necesidad de adoptar una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas, al igual que las prioridades para atender dicha política y las condiciones mínimas para que esta sea “eficaz y efectiva”.
También se insta a fortalecer las instituciones nacionales y los procesos de búsqueda e investigación; de garantizar la coordinación sistemática y efectiva de las instituciones y de remover obstáculos en la judicialización y crisis forense.
Fuente: Forbes
