-Poder Legislativo, asumirá consecuencias de lo que debió defender el Poder Judicial y Fiscalía General, “abusan de la devoción de los diputados del grupo mayoritario.”
-Vota en contra del dictamen que deroga dos fracciones del artículo referente a “ultrajes a la autoridad”, porque es violatorio de la Constitución.
-Los compañeros de la mayoría ganaron una elección, no una revolución, por lo que les corresponderá rendir cuentas si se sigue degradando el Estado de derecho.
Xalapa, Ver., 27 de febrero de 2022. Los diputados del grupo mayoritario en el Congreso Local, asumirán las responsabilidades que correspondían al Poder Judicial y a la Fiscalía General, al aprobar el Dictamen con Proyecto de Decreto que deroga dos fracciones del Artículo 331 del Código Penal de Veracruz, relativo al delito de “ultrajes a la autoridad; “por guardar las formas, hicieron responsables de su promoción, a mis compañeros diputados de la mayoría, abusando de su devoción”, señaló Marlon Ramírez Marín, diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRI.
Durante el posicionamiento que emitió en la sesión extraordinaria del primer periodo extraordinario, celebrada este domingo por Zoom, advirtió: “cuidado con regodearse con espejismos efímeros, porque posiblemente dentro de las próximas 24 horas, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los puede hacer caer.”
Enfatizó que, como secretario de la Comisión legislativa de Justicia y Puntos Constitucionales, decidió no firmar el dictamen aprobado esta tarde, y además votó en contra, “porque, aunque sea una sola persona inocente la que estuviera presa por este tipo penal, tenemos la obligación legal de legislar para que ningún veracruzano sea privado de su libertad por falta de visión jurídica”.
“Quienes integramos este Congreso, no podemos ni debemos presentar iniciativas que en su redacción sugieran la violación del Artículo 14 Constitucional que contiene en su primer párrafo el principio de irretroactividad de la ley, el cual implica que no se puede aplicar de forma retroactiva una ley en perjuicio de persona alguna, pero en los casos que son para su beneficio, si aplica”, subrayó.
Dijo a los diputados del grupo mayoritario, “que conquistaron el derecho de conducir al estado de Veracruz en una elección, no en una revolución, por lo que les corresponderá rendir cuentas si se sigue degradando el Estado de derecho; ganaron el derecho a gobernar dentro de los parámetros del régimen político de estado integrante de la república federal, democrática, con división y equilibrio entre los poderes.”
Expuso una secuencia de hechos, en los que mencionó que el Gobernador del estado ha reconocido que su decisión fue cumplir una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al enviar su iniciativa de derogación del Artículo 331 del Código Penal, aunque ha dicho que prefiere que se mantenga el delito, supuestamente para evitar que salgan libres presuntos delincuentes de alto impacto.
Se refirió al Poder Judicial y su titular, “en derecho hay un principio que reza: ‘a confesión de parte relevo de prueba’, esto se hace doblemente preocupante cuando quien hace la confesión es su titular. En su informe de labores, ella dijo que les llaman a los jueces y les agradeció que ‘hacen lo que se les pide’.”
Como tercer punto de esta secuencia, recordó que se presentó recientemente en la Sesión de la Comisión Permanente, una iniciativa que propone la derogación de dos fracciones del 331, y en los transitorios de la iniciativa se pretendió limitar el beneficio de la ley a quienes les hayan iniciado procesos antes de la presente modificación.
Dijo que los diputados que hayan votado a favor de este dictamen, deberán cargar con tres responsabilidades: la jurídica, porque la corte volverá a corregirle la plana a la mayoría; la política, debido a la pérdida de la confianza porque muy seguramente muchos de los presos, fueron electores de los diputados o el Poder Ejecutivo Local o Federal; y la social, porque deberán explicar la razón de no querer entender que hay madres, esposas e hijos que están sufriendo toda una cadena de errores.
Reiteró que la actual Legislatura, pasará a la historia por los aciertos o errores que cometa, “y así, como se recrimina públicamente a anteriores legisladores, al margen de la ley, ya que existe la figura de inmunidad legislativa, nada nos librará de ser nosotros los señalados en el futuro.”
El legislador priista, puntualizó que el Gobernador no puede ni debe intervenir en el desempeño de un órgano autónomo, porque ambos poderes tienen su origen en la propia Constitución y no debe existir una relación de subordinación; de igual forma, que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia no puede ni debe sugerirle a los jueces, qué hacer o no hacer de los expedientes que los juzgadores conozcan.
En su discurso, citó al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, quien, en su mensaje de cierre de campaña del 27 de junio de 2018, dijo: “habrá un auténtico Estado de derecho bajo la premisa liberal de que, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, seremos respetuosos de la división de poderes, y de la soberanía de estados y municipios, como decía Juárez: -nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho-. No apostamos a la unanimidad ni al pensamiento único, estamos empeñados en construir una democracia, no una dictadura.”
Marlon Ramírez Marín, reconoció y agradeció a sus compañeros diputados la apertura a la libre expresión e intercambio de ideas que se llevó a cabo para tratar de enriquecer la opinión y la visión de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales.
Para concluir, insistió que el PRI extiende la mano a la mayoría y exhorta a generar un tipo penal que respete a la autoridad, que cuide al ciudadano, pero sobre todo que respete a la ley y a los derechos humanos.
