Sam Ojeda / NV Noticias
Xalapa.- El abogado Tomás Mundo adelantó que presentarán una denuncia en contra de los policías ministeriales de la Fiscalía General de Veracruz (FGE) que habrían participado en la tortura de July “N”, señalada por el asesinato de la rectora de la Universidad Valladolid, Guadalupe Martínez Aguilar.
Dijo que aunque la familia ya había presentado una denuncia contra los elementos, la FGE determinó que “no había delito que perseguir”, pero ahora su bufete presentará la denuncia.
“La FGE determinó que no había delito que perseguir pero ahora nosotros vamos a presentar la denuncia y vamos a dar los nombres de quienes son y cuáles son las pruebas”.
Lo anterior, a pesar de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez incluso señaló que hay “quien miente” en este caso que derivó en una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hacia el estado de Veracruz.
El abogado insistió en que el protocolo de Estambul determinó que sí hubo tortura por parte de los policías y que esa sería una causa fundamental para poner en libertad a July “N”, que actualmente permanece presa en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec.
Además, advirtió que si el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y la Fiscalía en manos de Verónica Hernández Giadans no cumplen con las recomendaciones, el Senado puede citarlos para que respondan y sí aun así no lo hacen la CNDH puede presentar denuncias penales contra ellos.
En otro tema, Tomás Mundo afirmó que los 90 casos que se recibieron de personas detenidas por el delito de utillajes a la autoridad se están repartiendo entre los abogados para darles seguimientos.
“Agregó que este jueves debate con diputados en el Congreso local para hacer ver la falta de taxatividad y la forma pésima en que fue redactada la reforma, es la forma de mostrarles que el delito está mal redactado”.
Dijo que la intención es analizar a quién podemos sacar de manera inmediata y añadió que la próxima semana irán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presionar en su dictaminación de la acción de inconstitucionalidad en contra del delito de utillajes a la autoridad.
