Edgard González Suárez
Vaya humareda generó en la conversación pública en México, la sobre reacción de la derecha mexicana, por el Acuerdo que promovió el presidente López Obrador con todas las dependencias de la Administración Pública Federal, en relación, a los proyectos de infraestructura del Gobierno federal considerados de interés público y de seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo de nuestro país.
Y digo sobre reacción por que los calificativos y las evaluaciones van desde las emitidas por el Consejo Coordinador Empresarial que sostiene que el “acuerdo no está debidamente fundamentado ni motivado, además de que excede la ley en la definición de seguridad nacional es violatorio de diferentes leyes” y “puede usarse para evitar obligaciones de transparencia y rendición de cuentas e incentivar la corrupción” hasta la ya muy ridiculizada expresión en tweeter de Denise Dresser quien aseguró “nos acaban de dar un Golpe de Estado. El decretazo presidencial implica la rendición del poder civil ante el poder militar. Para proteger/perpetuar su visión, AMLO institucionaliza cogobierno de las fuerzas armadas. Y será un gobierno más opaco, más discrecional y menos democrático”.
A la polvareda discursiva se sumaron medios de comunicación, intelectuales, organizaciones civiles y por supuesto, no podían faltar a la escena pública las redes sociales. Todas ellas hablando de opacidad, corrupción, autoritarismo, dictadura, improvisación, desconocimiento de la ley, anticonstitucional, violencia contra los derechos humanos, y demás calificativos que atacan el Acuerdo.
La derecha neoliberal y corrupta se tomó en serio la acusación sobre López Obrador a quien no dejan de intentar de dibujar como un autócrata, fanático, e improvisado, pero sobre todo de usar al ejército para sus pervertidos planes.
No avanzando un ápice con su polvareda mediática, arremetieron en el Senado y propusieron que esta cámara -como tal- expusiera una controversia constitucional por el Acuerdo de marras.
¿Qué dice el acuerdo? El acuerdo fue publicado el 22 de noviembre de 2021, y en el se señala que los artículos 26, 89 y 90 constitucionales facultan al presidente de la república a tomar ese acuerdo con la Administración Pública Federal. No hay pues, inconstitucionalidad. Por otro lado, el acuerdo apela a más de 23 artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que facultan a la toma de ese acuerdo. Legalidad hay. Se puede debatir, pero el Acuerdo que López Obrador promovió es Constitucional y es legal.
En los considerandos hay cinco párrafos todos ellos referidos a la importancia estratégica de diversas áreas de desarrollo: turismo, salud, educación, energía, vías férreas, puertos y aeropuertos, medio ambiente, entre otros. Es decir, existe y se presenta la motivación de dicho acuerdo.
Es decir, el acuerdo está Constitucional, Legal y debidamente motivado.
Por otra parte, el Acuerdo, está contenido, en tres párrafos. Uno que refiere a la declaración de interés público y de seguridad nacional de la realización de obras y proyectos estratégicos a cargo del Gobierno federal. Otro que instruye a las dependencias a otorgar los permisos y facilidades necesarias para el inicio oportuno de esas obras y proyectos, pudiendo empezar después de 5 días hábiles después de haber iniciado los trámites; y un tercer párrafo que apremia a que en 12 meses se entreguen los permisos definitivos.
El acuerdo lo firman López Obrador, presidente de la república y sus 18 secretarios de estado.
Todo lo demás, la polvareda mediática y discursiva solo son recreaciones, versiones y valoraciones políticas de una derecha que ve poco a poco como pierde terreno, como queda acorralada, como no alcanza a cuajar una iniciativa política, y así, sin discurso, sin dirección, sin cohesión, la derecha pretende ahora ganar una controversia jurídica que apuesto que no pasara por el senado.
