Gabriela Rasgado | NV Noticias
Xalapa. – Las denuncias penales que interpuso la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV), por la agresión que sufrieron de parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y por desvíos de la reserva técnica del Instituto de Pensiones (IPE), no han resultado en el fincamiento de responsabilidad alguna.
Así lo acusaron este lunes al señalar que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha dilatado las indagatorias y no ha judicializado los casos, a pesar de que las denuncias se llevaron a cabo desde hace seis años.
“La denuncia del 2015 es por la agresión, la de nosotros del Frente Estatal en Defensa del IPE es de 2016; la del ORFIS una es de 2016, otra es de principios de 2017; y la del IPE es 2017. A nadie, por nuestra agresión en el 2015, nadie tiene responsabilidad fincada y de las cuatro denuncias en curso por los malos manejos que son evidentes en el IPE, no hay ninguna determinación si hay o no delito que perseguir”, dijo Dolores Martínez Amilpa, presidenta de la COPIPEV.
Acotó que pese a que se les dio una disculpa pública por la agresión de hace seis años en Plaza Lerdo, cuando protestaban en la vía pública por el incumplimiento reiterado en el pago de sus pensiones, siguen en espera de la procuración de justicia y en espera de que el juez de control los cite para reactivar su caso.
“Sí, se nos ofreció una disculpa pública pero los responsables de la agresión siguen impunes”, expresó en conferencia de prensa.
Martínez Amilpa insistió que pese a que hay evidencias suficientes para acusar a los ex titulares de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Antonio Gómez Pelegrín, y del IPE, Octavio Gil García, ninguna de las acusaciones hechas en su momento, los califica como responsables del presunto daño patrimonial de 284 millones de pesos, y 2 mil 709 millones de pesos, observados por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), de la Cuenta Pública 2015, y por el cual formuló dos denuncias en 2016 y 2017.
Recordó que por su parte, el IPE denunció el incumplimiento de un deber legal por la celebración de un contrato mercantil por 150 millones de pesos con el Gobierno del Estado, sin conocimiento del Consejo Directivo, como lo establece la Ley y por no haber saldado el adeudo con sus respectivos intereses devengados.
“Un motivo más es el impago de otros 180 millones de pesos del que no existe la evidencia del pago”, precisó la presidenta de la COPIPEV.
Ante esto, indicó que la FGE tiene hasta este miércoles 20 de octubre para responder ante un juez de control sí ejerce la acción penal contra ex servidores públicos del periodo duartista, insistiendo que las pruebas de los malos manejos están.
