Los integrantes del Comité Interinstitucional de Energía del Estado de Baja California (CIE) que aprobaron las bases para la licitación de una central eléctrica fotovoltaica en la entidad, para la prestación del suministro eléctrico para el Gobierno del Estado y sus entidades paraestatales, fueron denunciados ante la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHyFP) estatal y ante la Fiscalía General de la República (FGR), por abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, encubrimiento y desvío de recursos públicos, lo que podría repercutir en la inhabilitación de los funcionarios y exfuncionarios acusados.
La denuncia penal presentada el 28 de septiembre ante la FGR y la administrativa ante la SHyFP el 9 de septiembre por la Red Ciudadana para el Aprovechamiento del Agua y las Energías Renovables A. C., se revela luego de que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, confirmara que la dependencia a su cargo negó al Gobierno estatal el permiso para construir la planta fotovoltaica que Jaime Bonilla licitó a través del Comité Interinstitucional de Energía del Estado de Baja California, y que en su momento se otorgó a la empresa Next Energy de México.
El representante legal de la A. C., Iván Bautista Gómez, dio a conocer en un medio que los imputados son el ex secretario de Hacienda de Bonilla, Rodolfo Castro Valdez, quien presidía el CIE al momento de la licitación y quien actualmente se desempeña como jefe de la Oficina del gobernador Alfonso Durazo en Sonora, así como de Salomón Faz Apodaca, Karen Postlethwaite Montijo, Marco Octavio Hilton Reyes y Miriam Lizbeth Álvarez Martínez.
Bautista Gómez explicó que, previo a la licitación, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) debió haber autorizado la obra tal cual como se dio, pues la regulación de toda infraestructura que se cree en materia de industria eléctrica es de competencia federal, “por lo cual el Gobierno estatal de Baja California carece de toda atribución para haber convocado esa licitación por sí mismo y cuanto más, promover el desarrollo del proyecto de generación y suministro de energía eléctrica, evadiendo ilícitamente los requisitos legales que se deben cumplir para un proyecto de esa magnitud”.
Fuente: El Universal
