El juez que rechazó otorgar las órdenes de aprehensión solicitadas contra 31 académicos, científicos y ex servidores públicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) consideró que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) operó bajo las reglas previstas en la ley, motivo por el cual los 244 millones de pesos que utilizó de 2013 a 2019 está amparado en la legalidad.
MILENIO tuvo acceso a la resolución emitida el 21 de septiembre por Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Almoloya de Juárez (en el Altiplano), Estado de México, dentro de la causa penal 299/2021, misma que ya causó estado porque la Fiscalía General de la República (FGR) no apeló la resolución. Ahora, el Ministerio Público Federal deberá elaborar una nueva petición.
Alfredo Higuera Bernal, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia (FEMDO), ha declarado que están valorando cómo reformular su solicitud y también ha dejado entrever que aún no resuelven si pedirán la orden de captura por los mismos delitos, es decir, por peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En su resolución, el juzgador dejó claro que el foro surgió de la Ley de Ciencia y Tecnología, así como de los numerales 22 y 24 del Estatuto Orgánico del Conacyt, vigente en la época de los hechos.
“De esta manera, todos los hechos que invoca la fiscalía (General de la República) en los que se involucra el otorgamiento de financiamiento al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, de ninguna manera pueden ser analizados a la luz del derecho penal, porque la obligación del Conacyt de dotarlo de los recursos económicos para su adecuado funcionamiento, en su momento estuvieron previstos en la ley que regula precisamente el funcionamiento de dicho foro y en el estatuto entonces vigente”, puntualizó.
La FGR integró la carpeta de investigación y solicitó las órdenes de captura a partir de dos denuncias que presentó Rosenda Cruz Vixtha, apoderada legal del Conacyt, interpuestas el 10 de julio de 2020 y el 10 de junio de 2021. La fiscalía pretendía que los académicos y científicos fueran ingresados en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México.
La dependencia federal alegó que desde sus constitución el foro ha recibido a través de dos fondos del Conacyt (Fondo Institucional del Conacyt y el Programa Presupuestario de Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación) más de 471 millones de pesos, los cuales han sido gastados en una casa residencial, viajes nacionales e internacionales, sueldos, impuestos, cuotas al IMSS, aportaciones para el SAT e Infonavit, banquetes, gasolina para autos particulares, servicio de telefonía móvil y tintorería, seguros, fianzas, etcétera, es decir, gastos completamente ajenos a los previstos en las reglas de operación de dicho consejo.
Fuente: Milenio
