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Al menos 10 personas murieron el viernes en la ciudad de Cali, en medio de las manifestaciones antigubernamentales que empezaron hace un mes en Colombia y han sido duramente reprimidas por la fuerza pública, informó este sábado la alcaldía de la localidad.
Ocho de las muertes se dieron por armas de fuego, según un reporte de la policía.
La violencia comenzó temprano, cuando una turba linchó a un funcionario de la Fiscalía que había matado a dos manifestantes por impedir el paso en una avenida bloqueada. Luego, se vieron civiles disparando con fusiles junto a policías, en videos difundidos en redes sociales.
En un mes, el funcionario de la alcaldía contabilizó 550 heridos.
Cali (suroeste), con unos 2.2 millones de habitantes, es el epicentro de violentas protestas y bloqueos de vías que exasperan a una parte de la población y han sido reprimidos con brutalidad por la policía.
Los cierres de vías dividen al gobierno y al frente más visible de la protesta, que conversan desde hace dos semanas sin lograr ningún acuerdo.
A los abusos de la fuerza pública, condenados por la comunidad internacional, se suman constantes ataques de civiles a manifestantes e incluso a la misión médica, grabados en numerosos videos.
Arrinconado por la crudeza de las protestas en su contra, el presidente Iván Duque ordenó desplegar unos 7 mil militares en todo el departamento, bajo la figura de asistencia militar.
En un mes de levantamiento popular se registraban, hasta el viernes, 49 muertos en todo el país, según el conteo oficial. La Fiscalía ha establecido que al menos 17 de los casos tienen nexo directo con las manifestaciones.
Pero la ONG Human Rights Watch afirma tener “denuncias creíbles” sobre 63 muertes, 28 relacionadas con la crisis.
El estallido comenzó cuando el gobierno quiso cargar con más impuestos a la clase media, castigada por la pandemia, para llenar el hueco fiscal que deja la emergencia económica.
Duque desistió de la propuesta, pero la represión policial encendió más los ánimos. Hoy las calles están llenas de jóvenes sin empleo ni educación que piden un Estado más solidario ante los estragos del Covid-19.
Fuente: El Universal
