No se puede defender el derecho a una vida sin violencia, ejerciendo como respuesta violencia.
La movilización del pasado 25 de noviembre por los derechos de la mujer tuvo manifestaciones de vandalismo por parte de un grupo de encapuchadas.
El movimiento en contra de la violencia de género es un reclamo no solo legítimo, sino de elemental justicia, que sin embargo se puede manchar por la agresividad ejercida por un grupo anarquista que ataca incluso a otros grupos ajenos, como fue el caso de la quema de las casas de campaña de FRENAAA, instaladas en el zócalo de la Ciudad de México.
Por otra parte, la quema de documentos y archivos extraídos de la fiscalía especializada en víctimas de violencia familiar de la Ciudad de México por otro grupo de encapuchadas, el anterior 13 de noviembre, nos muestra que quizá algunos movimientos sociales legítimos hoy están siendo infiltrados por grupos radicales, sin compromiso con la causa social que dicen representar, pero cuyo interés es generar conflicto.
La destrucción de los documentos de víctimas de violencia familiar que estaban siendo atendidas en esa fiscalía, significa que estas mujeres, cuyos documentos hoy ya no existen, quedaron desprotegidas y sin la posibilidad de tener acceso a la justicia, precisamente por la agresión injustificada de estas otras mujeres que también se asumen como víctimas.
Los martillos, picos y piolets, hachas e incluso sopletes para generar fuego durante una movilización callejera, se convierten en armas blancas que servirán para destruir y agredir a terceros, al patrimonio personal de otros mexicanos, o al patrimonio colectivo, ya sea de tipo cultural o histórico. Quien sale armado a la calle, no trae buenas intenciones.
Es importante diferenciar y desvincular a una causa legítima y justa, que todos los mexicanos debemos apoyar, -como es la lucha en contra de la violencia contra la mujer-, respecto de actos violentos que agreden a terceros, o a su patrimonio y por tanto constituyen un acto de vandalismo.
Sin embargo, la violencia generada por solo un grupo de participantes, encapuchadas, genera la sospecha de que exista la injerencia de algún grupo político para desacreditar este movimiento feminista.
La problemática real de este grave fenómeno social se centra en dos ámbitos: el gubernamental, porque pese a la retórica oficial manifestada en apoyo a la mujer, la realidad cotidiana es que en las agencias del ministerio público, en las corporaciones policíacas y en los juzgados, se minimiza la gravedad de la violencia contra la mujer mientras no haya un asesinato.
La violencia intrafamiliar, no obstante la significación jurídica que conlleva, en la realidad cotidiana es interpretada por los funcionarios públicos subjetivamente como un asunto privado que compete solo a la pareja y que así debe ser resuelto. De nada sirve que la ley tenga regulado el enfoque jurídico para atender a las víctimas, si los encargados de combatir la violencia no actúan en consecuencia.
En paralelo vemos que la sociedad mexicana tiene un doble discurso respecto a la violencia de género: por una parte externa la narrativa socialmente correcta de apoyo a la igualdad de género y rechazo a la violencia, pero por otra parte practica la inequidad e incluso la violencia cuando la mujer no se somete pacíficamente al control masculino.
Hay inequidad salarial y de oportunidades no sólo laborales, sino también políticas, así como de representación social.
Esta problemática quizá es menos visible en la capital del país, pero se acentúa en provincia y entre más alejado de las metrópolis esté el poblado, más grave es el contexto de vulnerabilidad de la mujer. En el ámbito rural, la situación de ellas es similar a la que existía en México hace quizá 80 años.
Esto nos indica que es fundamental ejercer dos acciones simultáneas: ejercer castigos ejemplares en contra de los funcionarios públicos que no atiendan los casos de violencia de género, ya sean estos policías, agentes del ministerio público y sus equipos de trabajo, así como al personal de los juzgados.
En el ámbito social las problemáticas ya traen en México un lenguaje estereotipado y políticamente correcto, que evidencia doble moral. Por tanto, es necesario judicializar ante la ciudadanía los problemas de violencia intrafamiliar y sacar estas conductas del ámbito privado de la cotidianeidad y secrecía, que es como aún hoy se juzga lo que sucede dentro de las paredes del hogar.
No olvidemos que incluso los estudios sobre abuso infantil indican que es en el ámbito de las interrelaciones familiares es donde suceden con mayor frecuencia estas tragedias emocionales que marcan la vida de las víctimas.
Los llamados morales al respeto, desde el púlpito mañanero, no lograrán ningún efecto en la realidad cotidiana. Las apelaciones a las buenas costumbres son como las “llamadas a misa”… solo las escuchan quienes acostumbran asistir.
Para resolver la lacerante huella de la violencia en México se requiere que el Estado Mexicano asuma su responsabilidad de ejercer su autoridad legítima cuando proceda y no seguir confundiendo autoridad con represión. Ejercer la autoridad del estado no está sujeta al criterio de quien gobierna, pues es su responsabilidad y obligación.
La legitimidad de la autoridad nace de los principios básicos del derecho, sustentados en la Constitución y no dependen del criterio de quien gobierna. La primera condicionante debe ser que la autoridad se debe ejercer sin exclusiones, aplicándola no sólo sobre externos, sino con más énfasis sobre los de casa, para mandar a toda la sociedad un mensaje de respeto a la ley.
Concluyendo el tema del vandalismo en las movilizaciones sociales que luchan por los derechos de la mujer y por la erradicación de la violencia de género, debemos reconocer que es tan poderoso el reclamo femenino y tan legítimo, que la agresividad que ha acompañado a las últimas movilizaciones proyecta significados negativos en la percepción de las víctimas de los atropellos callejeros.
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