El presidente López Obrador se desmarcó de la propuesta de Morena que busca prohibir la posibilidad de que se invalide la Constitución por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Nosotros no estamos promoviendo ninguna iniciativa con ese propósito seguramente lo están haciendo en el Poder Legislativo porque también ese poder tiene la facultad de presentar iniciativas, pero en el Ejecutivo no se ha presentado una iniciativa con ese propósito”, declaró este jueves.
El mandatario remarcó que su gobierno no es como los anteriores, cuando la voluntad del presidente prevalecía por encima de los otros poderes y reiteró su respeto por la autonomía del Judicial.
“Ya hemos explicado en otras ocasiones de cómo consideramos que debemos mantener un auténtico estado de derecho, no existía porque eso también suele olvidarse, el poder de los poderes era el Ejecutivo, el poder Judicial actúa con independencia autonomía, somos respetuosos de los otros dos poderes, no se actúa por consigna no se dan órdenes, el presidente no es como antes”, subrayó.
Obrador descartó futuras reformas constitucionales al mencionado poder pues, como refirió en días pasados, prefirió elegir ministros y ministras afines a sus objetivos. Aunque también ha expresado su decepción porque actúan conforme a cuestiones administrativas más que de justicia, este jueves aceptó que “sí se ha ido avanzando pero falta”.
¿En qué consiste la iniciativa de Morena para limitar a la Suprema Corte?
La diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega inscribió una propuesta de iniciativa que, de ser aprobada, restringiría la posibilidad de que la Suprema Corte pueda declarar la inconstitucionalidad de algún artículo o decretar la invalidez de una ley tomando como argumento que una norma constitucional es inválida.
La diputada argumentó su iniciativa en dos artículos, el 135 y 136, en los que se determina que es el Congreso de la Unión el que puede modificar la Carta Magna.
“Esta iniciativa trata de limitar el poder político de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la posibilidad de caer en la tentación de inaplicar un precepto constitucional o interpretarlo de tal manera que le resten validez y eficacia”, expone el texto de Reyna Ascencio.
La iniciativa fue presentada este martes 13 de septiembre y fue turnada a comisiones. Esto luego de que el máximo tribunal analizara la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, mecanismo que la ONU ha señalado que debería eliminarse pues abre paso a la tortura en México y es violatoria de derechos humanos.
Después de dos días de debate, el ministro Luis María Aguilar, quien propuso el proyecto, lo retiró y propuso elaborar un nuevo documento recogiendo las opiniones de sus homólogos.
Fuente: El Financiero
