Un juez federal abrió la posibilidad para que la Fiscalía General de la República (FGR) solicite una orden de aprehensión contra Ignacio Mendoza Gandaria, ex mando del Cisen y actual funcionario del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), quien no se conectó virtualmente a la audiencia donde iba a ser imputado por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, tortura, coalición de servidores públicos e intervención de comunicaciones privadas.
Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Sur, dio un plazo de 48 horas a la FGR para que verifique la documentación que fue presentada por la defensa del mando, con la cual justificó su inasistencia.
Explicaron que, si se demuestra que la información proporcionada al juez es falsa, la FGR estará en posición de actuar como considere conveniente, es decir, podrá solicitar una orden de aprehensión si así lo desea.
“Pese a que estaba debidamente notificado, vía WhatsApp y se le hizo llegar el ID de la reunión para que compareciera, no se conectó, siendo que no era si él quisiera o no conectarse, era una obligación conectarse”, declaró el juzgador.
Javier Avendaño Sandoval, abogado del ex mando del Cisen, pidió diferir la audiencia, porque aseguró que su cliente no se encuentra física y mentalmente en condiciones, de comparecer en estos momentos.
Según las indagatorias, las torturas se llevaron a cabo en la sede de la AIC y en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).
En uno de los videos, supuestamente Mendoza Gandaria amenaza con otra golpiza al sicario.
Mendoza Gandaria también será acusado por coalición de servidores públicos, debido a que los traslados de El Cepillo y los interrogatorios fueron realizados de manera coordinada por varios funcionarios.
En el caso de intervención de comunicaciones, se presume que manipuló el celular de Rodríguez Salgado, revisó sus mensajes, obtuvo sus contactos y lo interrogó sobre ellos, sin contar con la orden de un juez.
Todo lo anterior sin capacidad legal para investigar delitos, que es facultad exclusiva del Ministerio Público.
También quedará expuesto que, a pesar de recibir varias solicitudes oficiales de la Fiscalía, el CNI se negó a brindar la información que se le requería sobre su director de Operaciones.
Fuente: Milenio
