Sam Ojeda / NV Noticias
Xalapa.- El abogado Felipe de Jesús Fernández Basilio criticó que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez pretenda señalar a la reforma de 2003 como la responsable de la declaratoria de inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad, pues advirtió que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizaron la ampliación que hizo la actual administración del delito.
Lo anterior pues explicó que anteriormente este tipo penal estaba anteriormente como un delito menor, “nadie lo invocaba y nadie decía nada, se armó el revuelo cuando propuso agravarlo”.
Por ello, insistió en que la reforma que el Congreso local realizó en 2021 fue la usada para maquinar pruebas contra ciudadanos y de esta manera enviarlos a prisión por el delito de ultrajes a la autoridad.
“Estos casos de ultrajes a la autoridad se maquinaban con pruebas con la finalidad de obtener alguna extorsión y en caso de que se diera el dinero, ya no se perseguía pero si no los persiguen hasta las últimas consecuencias, los pretextos esquema llevaban armas o que pertenecen a Los Zetas”, dijo.
Y recordó que el Código Nacional de Procedimientos Penales es el que establece qué delitos son grave y no el Código Penal de Veracruz, por lo cual lamentó que con este delito los jueces hayan dejado de actuar como jueces de control y ordenaran la prisión preventiva oficiosa.
Esto a pesar de que la reforma constitucional que dio entrada al sistema oral-adversarial actual era que la prisión preventiva se impusiera en casos excepcionales y que los juicios fueran pocos, lo cual no se cumple con esta figura.
El abogado comentó que a partir de la determinación de la Corte la ley queda como “letra muerta” y por tanto ningún ciudadano puede ser detenido por el delito de ultrajes a la autoridad.
