Un juzgado federal otorgó un amparo a Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, sentencia que ordena dejar sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el proceso que enfrenta por su probable responsabilidad en los delitos de aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública, cargos que les fueron imputados por la fiscalía de la mencionada entidad.
César Octavio Meza Ojeda, secretario en funciones de juez Sexto de Distrito en el estado de Quintana Roo, determinó que el juez de control que vinculó a proceso al ex mandatario estatal no fundó ni motivo su decisión al momento de dictar la medida cautelar.
Roberto Borge interpuso un amparo porque aseguró que la prisión preventiva justificada no se encuentra fundada ni motivada, y con ello se transgredió en su perjuicio el derecho fundamental de debido proceso y acceso a la justicia, porque el juez incorporó elementos que no fueron expuestos por el Ministerio Público durante el debate, y no se dio oportunidad a la defensa de controvertirlos.
El ex gobernador también alegó que “se rebasó el límite máximo”, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Federal, para permanecer en prisión preventiva.
Lo anterior, porque se debió tomar como punto de partida para el cómputo de la prisión preventiva, el momento de su detención con fines de extradición, es decir el 5 de junio de 2017.
Sin embargo, Octavio Meza indicó que por lo que hace a la omisión del juez de control de precisar la fecha de inicio de la prisión preventiva, no corresponde al juzgado de amparo realizar el análisis y pronunciamiento sobre esa cuestión, porque eso sólo es facultad del juez del nuevo sistema de justicia penal.
El juzgador sólo otorgó la protección de la justicia para que se deje sin efecto la revisión de medidas cautelares de 14 de mayo de 2021, relativa a la carpeta administrativa 151/2017, y con plenitud de jurisdicción, el juez emita una nueva determinación en la que, de manera fundada y motivada, se pronuncie respecto de la revisión de medidas cautelares.
El ex mandatario estatal permanece interno en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Ayala, Morelos. Además de esta causa penal, enfrenta otras en el ámbito local, y uno en el federal.
En enero de 2020, funcionarios federales revelaron que la Fiscalía General de la República (FGR) contaba con una orden emitida por un juez de control para acusar a Borge por un nuevo delito, pero para ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) debía ampliar los términos del convenio de extradición.
Roberto Borge fue extraditado de Panamá a México únicamente para el sometimiento de cuatro procesos penales, uno de competencia federal y los otros tres de competencia local.
A nivel federal, el ex gobernador fue vinculado a proceso por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita; mientras que, a nivel estatal por peculado, desempeño irregular de la función pública y contra la administración pública.
Fuente: Milenio
