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Detecta ASF daño patrimonial en la BUAP

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) cometió diversas irregularidades administrativas y financieras durante el ejercicio fiscal del 2020, determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El órgano auditor determinó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 177 millones de pesos, según el informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, monto que representa el 4.6 por ciento de la muestra auditada.

Las auditorías practicadas a la casa de estudios, determinaron que infringió la normativa, principalmente en materia de servicios personales y adquisiciones, así como del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero; y de los Contratos Colectivos de Trabajo, entre otros.

Las revisiones detectaron que la BUAP pagó de manera irregular por concepto de  21 prestaciones no ligadas al salario un total de 28 millones de pesos, los cuales no estaban autorizadas en los contratos colectivos de trabajo ni autorizadas para su pago.

Ante la falta de solventación, el organismo auditor consideró que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 28 millones 383 mil pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación.

Con la revisión de una muestra de 100 trabajadores de las bases de nómina y de la percepción, se encontró que la casa de estudios pagó en exceso por concepto de “Estímulo al Desempeño de Personal Docente” un total de 84 millones de pesos, sin que aclarara el motivo por cual lo hizo.

En 2 contratos de prestación de servicios para el “Programa de Seguros Institucionales para la Universidad Autónoma de Puebla por 19 millones de pesos, la BUAP no contó con el expediente del procedimiento de Licitación Pública Nacional, por lo cual la Contraloría General de la Benemérita Universidad inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos.

Fuente: El Universal

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